Valle del Cauca
Imputan cargos a mujer trans, privada de la libertad, que habría abusado de otro preso con discapacidad cognitiva
La señalada, llamada Carlina, tiene 66 años, y ya estaba condenada por violencia sexual.
Un nuevo caso de presunto abuso sexual se habría perpetrado en una cárcel de Colombia. Según la Fiscalía, una mujer trans privada de la libertad en la cárcel de Jamundí, Valle del Cauca, se aprovechó de un hombre con discapacidad cognitiva, también recluso en ese penal.
El caso involucraría a Carlina, una mujer trans de 66 años, a quien la Fiscalía imputó con el delito de acceso o acto sexual en persona con incapacidad de resistir. Los hechos investigados ocurrieron el 28 y 29 de marzo de 2024 dentro del complejo carcelario de Jamundí (Valle del Cauca), donde la ahora imputada, habría aprovechado el rol de promotora de salud, al interior del penal, para acercarse a un hombre de 32 años, en condición de discapacidad severa, y someterlo a prácticas sexuales, de acuerdo con el ente de investigación.
Carlina purga 32 años de prisión por abuso sexual con un menor de edad. Por decisión del juez de control de garantías a la procesada se le impuso medida privativa de la libertad en este nuevo ilícito.
En otro caso, la Fiscalía imputó a Róbinson Steve Arrechea Riascos los delitos de acceso carnal violento y secuestro simple, ambos agravados. Los hechos ocurrieron el 5 y 6 de enero de 2017 en Jamundí y en el Norte del Cauca. Según la investigación, Arrechea Riascos, de 29 años, habría recurrido a un tercero, para engañar a una menor de 16 años a quien, se cree, llevó a un lugar desconocido. Allí, la adolescente fue sometida por otros dos hombres, y abusada por el ahora procesado.
Lo más leído
Procuraduría abre indagación por abuso sexual en Bogotá
La Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá abrió una indagación previa para identificar e individualizar a los posibles autores de los presuntos abusos sexuales que se registraron contra varios niños en un jardín infantil del ICBF en el sur de Bogotá.
En un documento conocido por SEMANA, el ente de control detalló: “Como quiera que no se cuenta con la individualización e identificación de los servidores públicos y/o garantes de los niños en el jardín que cumplan función pública presuntamente responsable de los hechos antes enunciados, se debe acudir a lo preceptuado en el artículo 208 de la Ley 1952 de 2019, es decir, a iniciar una indagación previa”.
Esa decisión se conoce después de que la Fiscalía General de la Nación anunciara la captura de un hombre que estaría implicado en los aberrantes hechos que se habrían registrado contra varios menores de edad al interior de un jardín infantil en la localidad de San Cristóbal, sur de Bogotá.
