Exclusivo: SEMANA revela lo que hay detrás de los exagerados requerimientos del Gobierno Petro a Zona Franca del Valle del Cauca

Una maniobra silenciosa del Gobierno nacional podría llevar a la quiebra a una de las plataformas logísticas más importantes del suroccidente colombiano. Bajo el disfraz de un nuevo contrato de operación, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) impone condiciones que, en la práctica, configurarían una supuesta expropiación encubierta de la Zona Franca Palmaseca.

Las exigencias económicas desproporcionadas, la negación del historial de inversión y la amenaza latente sobre 7.000 empleos formales revelan una estrategia estatal que tiene en jaque a empresarios, trabajadores y a toda la cadena exportadora del Valle del Cauca.

La situación ha llegado a tal nivel de insostenibilidad que el MinCIT ya acumula seis licitaciones consecutivas declaradas desiertas. Nadie se presenta. Nadie quiere asumir los términos que, bajo la asesoría de la firma CISA, resultan financieramente inviables. Lo alarmante es que, lejos de corregir, el Ministerio insiste en un modelo de contrato que los empresarios de la región no dudan en calificar como un intento de “expropiación indirecta”.

SEMANA conoció que el nuevo pliego que el MinCIT pretende imponer exige, entre otras cosas, un aumento del 700 % en el canon de arrendamiento actual, con incrementos anuales del IPC +3 % durante los próximos 30 años, sustentado en una supuesta proyección de crecimiento del impuesto predial del 12.44% anual, una cifra que carece de base legal y económica.

A esto se suma una tarifa de supervisión del 8.33 % sobre el valor total del contrato —estimado en cerca de 5.000 millones de pesos—, es decir, más de 400 millones de pesos anuales por un servicio de supervisión que apenas se presta uno o dos días al mes y que, según denuncias, históricamente ni siquiera se cumplía.

Como si fuera poco, el Ministerio exige una utilidad bruta del 40 %, lo que convierte el contrato en una trampa económica y jurídica. Y recientemente se conocieron nuevos requerimientos que agravan aún más el panorama:

• El arrendador deberá mantener y reconstruir por los 30 años siguientes las bodegas de más de 50 años de antigüedad, sin posibilidad de reembolso o reconocimiento.
• Además, se exige la construcción de 10.000 metros cuadrados adicionales de bodegas comerciales, financiadas completamente por el arrendador, que deberán ser entregadas al Estado al final del contrato como si fueran parte del arriendo, sin compensación alguna.

“Eso no es un contrato de operación, eso es una confiscación”, denunció un empresario de la región que pidió reserva de su identidad. “Exigen inversiones multimillonarias que deben quedar a nombre del Estado, mientras se inventan costos artificiales y tasas de retorno que no aplican a ninguna realidad empresarial”, agregó.

Una historia de inversión ignorada

La Zona Franca Palmaseca no es una improvisación reciente. Fue adjudicada por licitación pública en 1994, y desde entonces ha recibido más de $47.000 millones en inversiones, de los cuales más de $28.000 millones aún no han sido reconocidos legalmente por el Estado. La infraestructura que aún hoy se mantiene operativa lo hace, en gran medida, gracias a que el operador actual ha restaurado y conservado bodegas que superan los 50 años de antigüedad, a pesar de que su vida útil ya expiró según estándares técnicos.

Además, la ubicación de Palmaseca —a diferencia de otras zonas francas como las de Cartagena o Barranquilla— la hace menos competitiva logísticamente. Está alejada de los puertos, no tiene transporte marítimo y depende de una infraestructura más costosa para conectar con los mercados internacionales. Aun así, genera miles de empleos formales y moviliza importantes volúmenes de comercio exterior.

Empresarios y expertos denuncian que el análisis comparativo utilizado por el MinCIT y CISA para justificar estas nuevas condiciones se basa en cifras irreales y en una comparación “técnicamente inválida” con otras zonas francas del país.

“La narrativa oficial ha sido construir una imagen negativa del operador actual para imponer un nuevo modelo basado en estudios oscuros que no hemos podido revisar ni contrastar”, señaló un integrante del Consejo Gremial y Empresarial del Valle del Cauca.

Por su parte, el exconcejal de Cali, Juan Martín Bravo, lanzó una grave hipótesis sobre esta situación: “Petro no quiere al Valle del Cauca. Ahora, sin pudor alguno, intenta acabar con la Zona Franca Palmaseca, una de las más importantes del país y motor clave de exportaciones, inversión y empleo. Al Valle lo quiere pobre, arrodillado, pidiendo limosna. Un destino lamentable para una región que lo ha dado todo por Colombia”.

Lo que está en juego

Más allá de los tecnicismos contractuales, lo que está en juego es la continuidad de una plataforma industrial clave para el suroccidente del país. Los 7.000 empleos directos e indirectos, las exportaciones regionales y la estabilidad de decenas de empresas —incluyendo PYMES— que dependen de este enclave logístico podrían verse comprometidas si el Estado insiste en imponer condiciones que rayan en lo confiscatorio.

“Estamos ante una política de tierra arrasada. Si el gobierno no revisa este modelo y no abre la puerta a una negociación seria y técnica, la región perderá una de sus principales palancas de desarrollo económico”, advierte la fuente de la agremiación regional.

Mientras el Ministerio guarda silencio frente a los cuestionamientos, los empresarios del Valle del Cauca alertan que la Zona Franca Palmaseca podría estar ante su agonía si no se replantean las condiciones impuestas.

“De cerrarse la Zona Franca de Palmaseca sería una decisión terriblemente equivocada del Gobierno Nacional. No hablamos solo de un contrato: hablamos de más de 7.000 empleos, inversión estratégica y desarrollo para el Valle del Cauca y el suroccidente colombiano. Ha sido clave durante más de tres décadas para conectar nuestra región con el mundo. ¿Por qué desmontar lo que funciona? ¿Por qué castigar al aparato productivo y a quienes generan empleo?”, señaló la senadora Norma Hurtado.

Asimismo, el excongresista Juan Fernando Reyes Kuri dice que todos estos requerimientos excesivos son una forma de castigo hacia la región. “Petro quiere quebrar al Valle. A la Zona Franca Palmaseca le impone un canon impagable (+700 %) y la deja sin licencia. ¿El mensaje? Que quien invierte, genera empleo y exporta, merece castigo. Así gobierna Petro: llenando de obstáculos al sector privado, poniendo en riesgo miles de empleos. Cada vez lo deja más claro".

La pregunta que queda en el aire es clara: ¿Está el Gobierno empujando la desaparición de una zona franca estratégica por intereses ideológicos o económicos ocultos? El tiempo lo dirá. Pero los efectos, de continuar este modelo, ya comienzan a sentirse en el empleo, la inversión y la confianza empresarial.