Valle del Cauca

Esta es la nueva vía que las disidencias de las Farc construyen en Jamundí: cobran un peaje de 700 mil pesos por persona. Quien no paga, se muere

Las disidencias están construyendo una nueva carretera en Jamundí y le exigen cuotas de 500.000 pesos a cada habitante de los corregimientos San Antonio y Villacolombia. “No nos alcanza”, dicen los pobladores.

9 de agosto de 2025, 6:26 a. m.
Estas son algunas imágenes de la carretera obtenidas por SEMANA. Pretenden unir los corregimientos de Villacolombia y San Antonio en la zona rural alta.
Estas son algunas imágenes de la carretera obtenidas por SEMANA. Pretenden unir los corregimientos de Villacolombia y San Antonio en la zona rural alta. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA

Las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco continúan imponiendo su ley de terror y barbarie en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. Allí, la estructura armada Jaime Martínez adelanta la construcción de una carretera que unirá los corregimientos de San Antonio y Villacolombia, una obra financiada por la misma comunidad bajo presión, miedo y amenaza de muerte.

Cada campesino ha sido obligado a entregar 500.000 pesos en efectivo a los disidentes. Pero el monto no termina ahí: también deben pagar 80.000 pesos por cada niño matriculado en la escuela. Para muchas familias, esto significa desembolsar más de 700.000 pesos en cuestión de días, en una economía de jornales que apenas permite sobrevivir.

“Nosotros vivimos del día a día. Ganamos 50.000 o 60.000 pesos en el mejor de los casos. ¿Cómo esperan que paguemos medio millón y más por nuestros hijos?”, relata uno de los pobladores que, por seguridad, prefiere no revelar su nombre. “Quien no paga aparece muerto. Así de simple”, agrega.

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Quienes habitan en esos lugares deben portar, en un lugar visible, el carnet de movilidad expedido por la columna criminal Jaime Martínez. | Foto: SEMANA

Ese fue el caso de Ruhal Martínez, vicepresidente del corregimiento Villacolombia, asesinado el pasado miércoles 6 de agosto. Ruhal fue sacado de su casa por hombres armados, ejecutado sin compasión y su cuerpo abandonado en la vereda El Descanso. Su crimen fue un mensaje directo a la comunidad: el que no colabora muere. Por ese y otros casos se acata la ‘ley’ que imponen las Farc.

Quienes habitan en esos lugares deben portar, en un lugar visible, el carnet de movilidad expedido por la columna criminal Jaime Martínez; con eso llevan un control, casi notarial, de quién vive o muere en ese territorio. Para adquirir el documento, que también es una especie de salvavidas, los pobladores entregan su cédula al comandante de turno; luego –días después– les llega el plástico de libre circulación.

La colaboración que exigen no es solo económica. Según testimonios recogidos por este medio, los disidentes también obligan a los pobladores a participar en asonadas contra la fuerza pública.

“Nos dicen que hay que gritar, bloquear al ejército, sacar a los soldados. Nos usan como escudo civil”, explica otro campesino. La semana pasada, unos 150 soldados fueron rodeados por civiles, en su mayoría forzados, y obligados a retirarse de la zona, acto orquestado por los grupos armados ilegales. Esta es una estrategia repetida en otros puntos del Valle y el Cauca, donde las disidencias delinquen con total control.

En uno de los audios conocidos por este medio, una mujer cuenta cómo fue abordada por un hombre identificado como Julio, presunto miembro de la Jaime Martínez. Le exigió el pago de 500.000 pesos por la obra y la compra de “boletas” para justificar el gasto.

Las disidencias mandan en esta zona del país. | Foto: AFP

“Una señora lloraba porque apenas su hijo le manda lo del mercado, y no puede pagar esa cantidad”, se escucha. El fenómeno ha provocado un desplazamiento silencioso. Algunas familias han optado por huir, vendiendo a pérdida sus fincas o abandonando todo por temor a represalias. Otras permanecen en el área, atrapadas entre la amenaza de muerte y el deseo de proteger lo poco que tienen.

El general Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, confirmó que, gracias a los reconocimientos aéreos, se ha identificado el trazado ilegal de la vía. “Estamos articulando una operación con la Fiscalía para frenar esta construcción y neutralizar las actividades criminales que se desarrollan en la zona”, afirmó.

Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, denunció que en recientes semanas se han reportado casos de extorsiones hasta por 5 millones de pesos en otras zonas rurales. “Esto es gravísimo. Exigimos una intervención real del Gobierno nacional. No podemos seguir solos enfrentando este monstruo”, expresó. Pero, mientras las declaraciones oficiales se repiten, en las veredas el miedo crece.

“Aquí no hay Estado, hay disidencias. Ellos mandan. Y, si uno no obedece, lo matan”, resume un campesino, con la mirada perdida en una carretera que él nunca pidió, pero que ahora debe financiar con su vida.