Escalada violenta en Valle del Cauca: Defensoría lanza una dura alerta en varios municipios

Este lunes, 25 de agosto, la Defensoría del Pueblo informó que emitió la Alerta Temprana 011 de 2025 para los municipios de Riofrío, Trujillo y Bolívar, en el departamento del Valle del Cauca.

En el documento, se advierte sobre una confrontación a sangre y fuego entre varios grupos armados ilegales que delinquen en esta zona: el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), Ejército de Liberación Nacional (ELN), Estado Mayor Central – Frente Jaime Martínez y el grupo de crimen organizado Rastrojos Nueva Generación.

“Las disputas por el control del Cañón de Garrapatas y otros corredores estratégicos han derivado en un patrón recurrente de violencia que incluye la instalación y activación de artefactos explosivos improvisados en centros poblados, homicidios selectivos y enfrentamientos armados. La presencia de estos actores incrementa el riesgo de desplazamientos masivos, confinamientos prolongados y afectaciones directas a comunidades indígenas, campesinas y urbanas”, indicaron desde la Defensoría del Pueblo.

De igual manera, señalaron que la población civil ha quedado en medio de estas confrontaciones armadas, pero también en los campos minados que son instalados por los ilegales que se disputan las rentas criminales.

"Se prevé un impacto grave en entornos educativos, con la posibilidad de cierres de escuelas y reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, especialmente en contextos rurales. Las mujeres campesinas, líderes sociales y juventudes también se encuentran bajo amenazas específicas de violencia sexual, extorsión y cooptación por parte de estos grupos”, precisaron desde la Defensoría.

Y es que son varios los municipios de Valle del Cauca donde emitieron dicha alerta, como en Riofrío, donde “hay riesgo es su cabecera municipal y dos corregimientos; en Bolívar, en nueve corregimientos y un resguardo indígena, y en Trujillo, en 10 corregimientos, dos resguardos y dos asentamientos indígenas”.

Ante esta alerta emitida por la Defensoría del Pueblo, al Estado colombiano también enviaron unas recomendaciones necesarias para poder hacerle frente al accionar de los grupos armados ilegales.

“En primer lugar, se requiere una coordinación y planeación interinstitucional inmediata, liderada por el Ministerio del Interior a través de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), para articular un plan de acción integral con plazos y seguimiento verificable. En el ámbito de la seguridad, el Ministerio de Defensa, junto con el Ejército y la Policía Nacional, debe reforzar la presencia y control territorial, asegurando patrullajes permanentes en los corredores estratégicos y en las cabeceras urbanas donde se han presentado los hechos más graves”, agregaron.

La Defensoría también precisó que las instituciones deben garantizar los derechos de toda la población de estos municipios del Valle del Cauca.

“La Unidad para las Víctimas debe ampliar la capacidad de respuesta humanitaria, actualizando los planes de contingencia en coordinación con gobernaciones, alcaldías y personerías municipales para enfrentar posibles emergencias de desplazamiento y confinamiento con un enfoque diferencial”, detallaron.

Al mismo tiempo, informaron que desde la Fiscalía General de la Nación deben “priorizar las investigaciones penales contra los máximos responsables de homicidios, desapariciones, extorsiones y uso de artefactos explosivos, desplegando equipos móviles de investigación en terreno con enfoque en derechos humanos y género”.

La situación de orden público en varias zonas del Valle del Cauca permanece compleja, pese a las operaciones de la fuerza pública.