Violencia
El escandaloso informe que revela que el reclutamiento infantil en Colombia ahora supera la época más crítica del conflicto armado: disidencias tienen “grandes ejércitos” de niños
Colombia es testigo de la mayor incorporación de menores de edad a los grupos al margen de la ley en su historia más reciente. Organizaciones humanitarias presentaron cifras escalofriantes de tres departamentos.
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SEMANA obtuvo en exclusiva un informe reservado de organizaciones de derechos humanos que alerta sobre el crecimiento acelerado del reclutamiento forzado de menores en el suroccidente del país. El documento, en manos de la ONU Colombia y de misiones humanitarias internacionales, registra que entre diciembre de 2023 y julio de 2025 se habrían presentado más de 1.500 casos de reclutamiento y utilización de niños y adolescentes en Cauca, Valle del Cauca y Nariño por estructuras del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc.
La cifra, en un periodo inferior a 20 meses, revela una tendencia sin precedentes: en tan solo año y medio se habría reclutado el 8 por ciento de todos los menores que, según la Comisión de la Verdad, fueron vinculados por las Farc durante 50 años de conflicto armado, cuando se documentaron 19.000 casos en Colombia.
El informe agrega un elemento aún más grave: estos 1.500 episodios corresponden únicamente a las denuncias concretas recogidas en terreno y en apenas tres departamentos. El subregistro, señala el documento, podría quintuplicar la cifra.
El crecimiento del reclutamiento coincide con la expansión territorial, el fortalecimiento económico y el aumento de las violencias ejecutadas por las estructuras Jaime Martínez, Dagoberto Ramos, Carlos Patiño y el frente 57, organizaciones vinculadas al EMC, que dominan corredores estratégicos entre el norte del Cauca, Jamundí, Buenaventura, Florida, Pradera y sectores de Nariño.
La información, recopilada por el Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz, Justicia y Dignidad, Fundterpaz y otras organizaciones territoriales, presenta decenas de testimonios que detallan cómo estas estructuras consolidaron un control social y militar que deterioró por completo las garantías de protección a la infancia.
En la zona rural de Jamundí, el reclutamiento no solo es permanente, sino visible: camionetas de alta gama llegan a las salidas de los colegios, hombres armados exhiben fajos de dinero y los menores son abordados en vías, canchas, parques y hasta dentro de las instituciones educativas.
Uno de los apartados más delicados del informe documenta el reclutamiento masivo que habría sido ejecutado entre abril y junio de 2024 en el corregimiento de Timba, municipio de Jamundí, donde al menos siete estudiantes de 11 y 14 años fueron llevados a campamentos de la estructura Jaime Martínez. Hasta hoy se desconoce su paradero.
Otros diez menores fueron forzados a servir como campaneros, cuidadores de armas o transportadores de propaganda. Reciben 600.000 pesos mensuales y, según señala el documento, también podrían ser trasladados a zonas de campamento y desaparecer.
Las organizaciones entregaron a la ONU Colombia un subregistro adicional con más de 50 jóvenes reclutados solo en Jamundí entre 2023 y 2024, cuyos casos no fueron denunciados por temor. Las familias, asegura el informe, viven bajo control permanente del grupo armado: retenes ilegales, carnetización obligatoria, multas, toques de queda, desplazamientos forzados y vigilancia sobre sus rutinas diarias. Denunciar implica quedar en una lista de represalias de la estructura.
El fenómeno no se limita a Jamundí. En Buenaventura, Florida, Pradera, Tuluá, Calima Darién, Suárez, Buenos Aires y el norte del Cauca, las autoridades humanitarias han detectado patrones similares. Los grupos armados entregan regalos navideños marcados con sus logos, reparten almanaques, financian actividades comunitarias y utilizan a menores para el transporte de insumos ilícitos, vigilancia de rutas y cobro de extorsiones.
El informe indica que, en algunos casos, los jóvenes reclutados son instrumentalizados para operaciones de inteligencia, lo que los expone directamente a combates, hostigamientos y bombardeos.
En paralelo, los documentos revelan un agravamiento de todas las violencias asociadas a la expansión de las disidencias. El frente Jaime Martínez, en particular, ha desarrollado una estructura criminal con control territorial pleno sobre buena parte de la zona montañosa de Jamundí. Allí, según los reportes, siembran cilindros bomba en cementerios y canchas de fútbol, restringen el levantamiento de cuerpos asesinados, bloquean el ingreso de la Sijín y obligan a juntas de acción comunal a firmar actas judiciales.
También han exigido un impuesto de guerra del 6 por ciento a todas las empresas del territorio, desde pequeños negocios hasta industrias grandes.
El informe que recibió la ONU Colombia incluye una cronología exhaustiva de atentados terroristas registrados entre 2020 y 2025: carros bomba, drones cargados con explosivos, cilindros lanzados contra estaciones de Policía, motobombas en zonas comerciales y hostigamientos simultáneos en varios corregimientos.
Los ataques han dejado decenas de heridos, viviendas destruidas, restricciones de movilidad y un clima de miedo permanente. En junio y julio de 2024, por ejemplo, la estructura lanzó más de 20 explosivos desde drones sobre Robles, Ampudia y Potrerito, en hechos que duraron horas y afectaron barrios completos.
En el Valle del Cauca, la Mesa Territorial de Garantías también alertó sobre el incremento del reclutamiento en Cali, Buenaventura, Pradera y Florida durante 2025. La expansión de las disidencias ha coincidido con la llegada de estructuras mexicanas que disputan rutas del Naya y de los Farallones.
Las afectaciones incluyen desplazamientos masivos, confinamientos, extorsiones, desapariciones forzadas, asesinatos selectivos, torturas y masacres. Nueve líderes sociales fueron asesinados entre agosto y noviembre de 2025 y se registraron cuatro masacres en el mismo periodo.
Las organizaciones denuncian que, en varios territorios, los grupos armados regulan la vida cotidiana: normas de tránsito, horarios para salir y entrar de los caseríos, prohibición de transitar por ciertos caminos, control de asambleas comunitarias, infiltración en escenarios sociales y vigilancia sobre procesos electorales.
En Buenaventura, por ejemplo, las comunidades reportan fronteras invisibles entre barrios y limitaciones para adquirir alimentos. En Sevilla, Cartago y Zarzal, jóvenes desaparecidos no son reconocidos como víctimas del conflicto armado y sus casos se atribuyen al narcotráfico, pese a los patrones que muestran control paramilitar. La suma de estos factores configura uno de los escenarios más críticos de vulneración de derechos humanos en la última década.
La Defensoría del Pueblo ya había alertado del riesgo extremo en Jamundí mediante la ATI 005 de 2024, en la que advirtió el control absoluto del territorio por parte del frente Jaime Martínez y el uso de la población civil como instrumento para detectar movimientos militares.
La advertencia se repite en los informes más recientes del Valle: el Estado no ejerce soberanía, no hay garantías para líderes y grupos armados están reclutando a un ritmo sin precedentes. Organizaciones humanitarias solicitaron al Gobierno activar medidas de protección y declarar la emergencia humanitaria.
