Disidencias de las Farc ahora tienen kamikazes, a quienes les pagan por explotar carros y motos bomba en medio de la población civil

El horror desplegado por las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco no tiene límites. SEMANA conoció el estremecedor testimonio de un exmilitante de esa estructura terrorista en Jamundí y norte del Cauca que confesó el uso de personas con cuadros de salud complejos para transportar y hacer explotar carros y motos bomba en centros poblados, estaciones de Policía o al paso de caravanas de la fuerza pública.

Se trataría de kamikazes, personas que se inmolan con los explosivos para causar un mayor daño. Un ejemplo de eso ocurrió el pasado 7 de diciembre, cuando un hombre llevó una motocicleta cargada con dinamita hasta el sector Las Piñas, de Jamundí, y la hizo detonar en frente de una cuadrilla de uniformados de la Policía Nacional. El terrorista suicida quedó desintegrado, un policía murió y 14 personas más resultaron heridas.

“Lo que está pasando es que con la inhibición en algunos sectores de la señal de los drones y la constante vigilancia de vehículos abandonados, es más complejo ahora desarrollar atentados, por lo que al grupo explosivista de la Jaime Martínez se le ocurrió que para dar verdaderos golpes habría que meterse con el vehículo hasta el objetivo. Ahí surgió la idea de ofrecerle plata a gente que está muriendo o muy necesitada para que se inmolen. Uno de los primeros atentados que hicimos con esa modalidad fue el del 7 de diciembre en Jamundí”, le contó a SEMANA un desmovilizado de las disidencias y ficha clave del frente Jaime Martínez.

Una práctica terrorista que se extiende

Esta práctica la han replicado otras estructuras de las disidencias como el frente Carlos Patiño en Argelia, El Plateado y El Bordo, sur del Cauca. “Hay gente entrenada para viajar por hospitales de municipios y grandes ciudades como Cali para encontrar pacientes terminales, a quienes se les ofrecen entre 5 y 10 millones de pesos. Lo triste es que mucha de esa plata no se les termina pagando”, dice el informante.

En el Cauca, uno de los departamentos más afectados por el conflicto, los ataques contra la fuerza pública y la infraestructura vial son recurrentes. Solo en 2024 se registraron más de 50 atentados con explosivos en esta región, muchos de ellos dirigidos contra convoyes militares y estaciones de Policía. Estos ataques no solo buscan debilitar la presencia del Estado, sino también enviar un mensaje de terror a la población civil.

Un líder comunitario y defensor de derechos humanos, quien prefirió mantener su identidad en reserva, señaló que estas nuevas prácticas de las disidencias no son propias de grupos paramilitares, sino que tienen un claro vínculo con el modus operandi de los carteles mexicanos.

Según el líder, estos carteles son los principales financiadores de las disidencias en el norte del Cauca y otras regiones del país. “Lo que estamos viendo es una transnacionalización del crimen organizado. Las disidencias ya no son solo un grupo insurgente; son un brazo armado del narcotráfico”, afirmó.

Esta conexión con el crimen organizado ha permitido a las disidencias acceder a recursos económicos y logísticos que les han dado una ventaja operativa frente a las fuerzas del Estado. Además, ha facilitado la adopción de tácticas propias de los carteles, como el uso de kamikazes y la explotación de personas vulnerables.

Frente a esta escalada de violencia, el Gobierno colombiano ha implementado una serie de medidas para contrarrestar el accionar de las disidencias y otros grupos armados. Operaciones militares conjuntas, la destrucción de campamentos y la captura de cabecillas han sido algunas de las acciones más destacadas. Sin embargo, la complejidad del conflicto y la capacidad de adaptación de estos grupos han hecho que los resultados sean limitados.

Uno de los mayores desafíos es la protección de la población civil. En regiones como el Cauca y el Catatumbo, las comunidades están atrapadas en medio del fuego cruzado y son víctimas de reclutamiento forzado, extorsión y desplazamiento. Además, la falta de presencia estatal en estas zonas ha permitido que los grupos armados consoliden su control territorial.

Los que no sabían

“Aquí también hay que decir que, en algunos casos, las personas no saben que van a explotar. Regularmente, uno manda a uno de los chinitos que acabaron de entrar para que lleve una moto a cierto punto y lo vamos acompañando de cerca, pero cuando ya van a llegar, nos distanciamos un poco y los hacemos explotar. ¿Por qué se hace esto? Porque levanta menos sospecha una moto con alguien manejándola que una que esté sola”, señaló el desmovilizado de las disidencias.

Al ser consultado sobre quiénes son los “chinitos”, confirmó que se trataba, regularmente, de menores de edad. “Eso no cayó muy bien en una parte del Estado Mayor Central; por eso, se empezaron a buscar enfermos o personas que se quieran morir. Uno cree que hay poca gente para eso, pero no es así. Los que están encargados de reclutarlos son muy hábiles con la palabra, lo convencen a uno. Y yo le digo otra cosa: mientras usted y yo estamos hablando aquí, hay decenas de personas recibiendo entrenamiento en ciertos sectores para ir a inmolarse”, denunció la fuente confidencial.

Es decir, el plan inicial era hacer explotar niños y luego de un par de casos, ese escenario fue rechazado por algunos cabecillas y se buscó la forma de reclutar un ‘ejército’ de kamikazes conscientes de que van a morir.

“Lo que estamos viendo no es nuevo para nosotros, solo que hace muchos años no veíamos estos escenarios de tanta maldad. Hoy ningún territorio está a salvo. En nuestra labor como defensores de derechos humanos, hemos tenido conocimiento de casos de horror: reclutamientos masivos, desmembramientos, secuestros, asesinatos y, ahora, atentados terroristas en los que incluso el responsable de los explosivos pierde la vida. ¿Qué nos espera? Un estado de alarma y zozobra constante donde no sabemos cuándo ni dónde puede explotar algo y matar a un montón de gente”, dice una lideresa de Suárez, norte del Cauca.

¿Qué viene ahora?

Un oficial del Ejército adscrito a la Tercera Brigada le contó a SEMANA que el panorama con las disidencias Dagoberto Ramos y Jaime Martínez cada vez es más complejo por su poderío para hacer daño. “Hoy tienen plata para llenar un camión de explosivos, poner a alguien a manejarlo y hacerlo explotar contra un pelotón sin importar que en la zona haya niños o población civil. Los militares que estamos en Cauca y Jamundí sabemos que eso en cualquier momento puede pasar. Yo, por ejemplo, salgo de mi casa o llamo a mis familiares y me despido constantemente de ellos. No es ser dramático, es ser realista”.

Así las cosas, se ha abierto un nuevo capítulo de barbarie en el suroccidente del país, donde los atentados terroristas se registran, en promedio, cada 18 horas.

“Lo que viene es mucha candela, literalmente. Yo me retiré por eso y muchas otras cosas, pero me voy y llegan otros capaces de hacer lo mismo, y la orden es afectar lo más posible a las Fuerzas Armadas, generar un ruido constante para no perder control e impedir la llegada a la zona de nuevas estructuras como el ELN y el Clan del Golfo. Quieren blindar el territorio y evitar cosas como las que sucedieron en Catatumbo. Esa es la orden y las órdenes allá adentro se tienen que cumplir”, puntualizó el explosivista desmovilizado.