Denuncian secuestro de Sara Sofía González Fajardo, lideresa campesina y secretaria de una JAC de Jamundí

Este viernes, 3 de octubre, la oficina para la defensa de los derechos humanos de la ONU en Colombia denunció el secuestro de Sara Sofía González Fajardo.

La joven, de 18 años, además de ser una lideresa campesina, es la presidenta de la Junta de Acción Comunal de San Antonio, en Jamundí, Valle.

“Urgimos liberación inmediata, sana y salva, de Sara Sofía González Fajardo, una joven de 18 años, secretaria de la Junta de Acción Comunal de San Antonio en Jamundí”, publicó ONU Derechos Humanos.

Además, hicieron un llamado para que le sea respetada la vida.

“Llamamos a los grupos armados no estatales a respetar la vida, la dignidad y los derechos de todas las personas, entre ellas, de las personas que integran Juntas de Acción Comunal”, dijeron.

Finalmente, instaron al gobierno al Estado “activar los mecanismos de búsqueda urgente y a tomar medidas eficaces de protección de la población, de acuerdo con sus obligaciones internacionales de derechos humanos”.

Las autoridades indagan si el plagio tiene que ver con una nueva forma de recaudo por parte de las organizaciones criminales asentadas en el territorio.

El 20 de septiembre, SEMANA dio a conocer en un artículo que “los comandos del sanguinario Iván Mordisco han modificado su forma de recaudo (las llamadas vacunas) y ya no son ellos quienes tocan las puertas de los humildes hogares rurales para pedir la extorsión que se debe pagar cada mes, sino que esta tarea ahora es responsabilidad de tesoreros, fiscales, presidentes y vicepresidentes de las Juntas de Acción Comunal”.

“Es una forma de control, porque a través de las juntas tienen acceso al libro comunal y así llevan un registro, casi notarial, de quién paga o no”.

Pero el recaudo recae sobre los directivos de las juntas. Por ejemplo, en la zona rural alta de Jamundí, son los presidentes y vicepresidentes quienes deben recoger el dinero y luego cruzar cuentas con los comandantes disidentes. Y el que no acepte esta labor, tenga un desfase en las cifras o quiera renunciar a su cargo, es asesinado, tal como ocurrió con Martínez.

Las disidencias han cooptado en muchas regiones de Colombia las Juntas de Acción Comunal, a tal punto que inciden en las elecciones generales para tener alfiles allí y de esta manera convertirlas en un brazo político, social y económico para sus fines terroristas.

“Los directivos de las Juntas de Acción Comunal reciben presiones de la Coccam (Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola), de la Mesa Campesina y muchas otras organizaciones que hoy tienen relaciones directas con las disidencias de las Farc en corregimientos de Jamundí como Villacolombia, Ampudia y San Antonio”, revela el líder de la zona consultado por SEMANA.

En ese registro que deben llevar las Juntas de Acción Comunal a las disidencias mes a mes, también son apuntados los días de trabajo que deben donar los pobladores para las obras que benefician a estos grupos terroristas. Es como si en la ruralidad, los hombres de Mordisco tuvieran grandes haciendas de esclavos que deben trabajar y tributar cuando ellos lo ordenen.