De vivir sabroso, poco: así sobreviven miles de personas en el Cauca a la violencia. Las disidencias de las Farc les requisan hasta el celular

En Suárez, la ciudadanía no está viviendo sabroso, como lo prometió –en repetidas ocasiones– la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez. Ella misma, que es oriunda de esta tierra, reconoció en televisión nacional, y en medio de un consejo de ministros, que la percepción del grueso de la población es que estaban mejor antes que ahora. En ese municipio no hay paz, ni tranquilidad, lo que hay es una violencia desbordada, zozobra y miedo. La ecuación se repite también en Jamundí (Valle del Cauca), Buenos Aires, Santander de Quilichao, Caloto, Corinto, Toribío, Argelia y la mayoría de municipios del Cauca.

Un equipo de SEMANA recorrió estas zonas y habló con habitantes y líderes sociales en medio de la clandestinidad, porque en el Cauca y en el sur del Valle las disidencias controlan todo. En uno de los capítulos que mejor describe la barbarie, la mayoría de habitantes consultados por este medio contaron que el pasado primero de febrero, criminales de la estructura Jaime Martínez, al servicio de alias Iván Mordisco, ingresaron a sus casas en los corregimientos Ampudia, Villacolombia y Timba, que está en la ruta hacia Suárez, para revisar celulares.

El objetivo era dar con el paradero de un hombre y dos mujeres a quienes señalan de suministrar información al Ejército y contribuir a la operación en la que dieron de baja a seis miembros de esta estructura terrorista. “Cuando el Ejército salió, ellos llegaron casa por casa y revisaron los celulares. Nos dijeron que desde la comunidad salió la información y que encontrarían, a cualquier costo, a los sapos”, señaló un habitante de Timba.

Fue precisamente en este corregimiento donde el papá de la vicepresidenta, Sigifredo Márquez, fue víctima de un atentado el pasado 6 de junio del año pasado. Como él, son muchas las personas que, utilizando esta vía para llegar a Cali, son objeto de disparos sin justificación. “Lo que pasa es que acá la guerrilla es la ley: si ellos dicen que a tal hora nadie se puede movilizar, la gente debe hacer caso, porque si no, disparan y no les importa quién vaya en la moto o el carro. Otra exigencia es que no se puede transitar con los vidrios del carro arriba, y toca quitar los polarizados”, señala una habitante de Buenos Aires.

Apenas cae el sol, todos estos lugares se convierten en pueblos fantasmas. Desde el interior de las casas se escuchan solo los ladridos de perros callejeros, el paso de motos a gran velocidad y caminatas apresuradas de grupos grandes de personas. No se logra identificar si son fuerza pública o criminales, pero nadie sale a verificar; abrir la puerta en esas circunstancias es una sentencia de muerte.

“La situación se empezó a complicar luego de la pandemia, estos grupos, que antes solo estaban en las veredas, empezaron a tener más y más control en los cascos urbanos. Entre 2021 y 2022 iniciaron las extorsiones grandes, pero ya de 2023 en adelante ellos controlan todo: hacen retenes para verificar quién entra y sale de la zona, presionan a las juntas de acción comunal para los registros oficiales de la comunidad y obligaron a toda la gente a carnetizarse con una identificación que ellos mismos expiden, para nosotros es como una visa de vida. Aquí han matado gente porque no tiene ese documento”, dice un defensor de derechos humanos en Suárez.

Por eso, la premisa de la vicepresidenta frente al presidente Gustavo Petro no es exagerada. La población del Cauca no tiene libertad; allí, hay un secuestro colectivo con asesinatos selectivos, enfrentamientos y atentados terroristas semanales. “Tuvimos unos meses de paz luego del proceso de paz, posteriormente empezaron a verse pequeños grupos armados. Nosotros levantamos la mano para que el Ejército no permitiera una nueva ola de violencia en el Cauca, pero nadie nos hizo caso. ¿Hoy qué tenemos? Tenemos niveles de violencia que no se veían ni en los peores años del conflicto con las Farc. Todo el territorio está permeado, incluso en zonas que históricamente eran pacíficas”, reflexiona un líder de Caloto, otro municipio bajo el dominio disidente.

Enfrentamientos y atentados

Mientras en las noches la mayoría de municipios del Cauca son pueblos fantasmas, en las mañanas, con regularidad, hay un atentado en algún rincón del departamento. Puede ser una motobomba contra una estación de Policía, un dron cargado con explosivos que cae en una casa o cilindros tirados en sitios donde concurre la población. Así se vive en esta región.

“Es que ellos están aquí, uno sabe quiénes son, la fuerza pública también, pero no se puede denunciar, porque matan, y no solo a usted, también a su familia. Por ejemplo, aquí vienen cada mes a cobrar la extorsión los mismos personajes, ya ni siquiera se tapan la cara. No lo hacen porque saben que son intocables, que este territorio les pertenece y son los que mandan”, cuenta un comerciante de Corinto.

Ese es uno de los municipios con mayores índices de violencia. Allá se libra una violenta confrontación entre la columna Dagoberto Ramos, del bloque disidente de Iván Mordisco, y una nueva estructura llamada Yair Bermúdez o frente 57. Esa nueva disidencia fue fundada por una facción que se separó de Mordisco hace dos años y ahora quiere conquistar el nororiente del Cauca, principalmente los municipios de Toribío, Corinto y Caloto, denominados el Triángulo de la Marihuana. Por esta razón, los enfrentamientos son diarios, y la comunidad está en el medio. “Viene un grupo a hacer registro, luego viene el otro y empiezan a acusar a los líderes y presidentes de juntas de estar colaborando con el enemigo, luego vienen asesinatos; por eso, hay varias veredas sin juntas de acción comunal, nadie se quiere meter en eso”, explica un líder de Toribío.

Del otro lado, en Suárez también hay enfrentamientos constantes entre el frente Jaime Martínez y el Ejército Nacional. Uno de los más fuertes se registró el sábado primero de febrero. Ese fue el episodio que la vicepresidenta Francia Márquez les reclamó a las autoridades durante el consejo de ministros. “Mis tías me llamaban, estaban metidas debajo de la cama, y me decían: Francia, ¿qué hacemos? Nos van a matar a todos aquí”, dijo.

El reclamo de la vicepresidenta, que es el mismo que tiene la mayoría de la población, es porque el Gobierno nacional los abandonó al dominio de los más violentos.

Aunque por las dinámicas de la violencia y el abandono del Gobierno nacional hay un subregistro inmenso de víctimas recientes en el Cauca, organizaciones de derechos humanos han podido documentar 901 casos de reclutamiento forzado de menores durante 2024. Los niños fueron sacados de escuelas, hogares y seducidos mediante perfiles en redes sociales como TikTok. Las edades oscilaban entre 11 y 14 años cuando fueron reclutados. En 2023, esa misma medición arrojó 583 casos, es decir, un aumento significativo en apenas 12 meses.

El Cauca –así como muchas regiones de Colombia– vive sus peores días. Las promesas de un futuro mejor se desvanecieron en discursos y poca acción. Hoy, en ese departamento nadie en la legalidad vive sabroso; al contrario, sus realidades son una pesadilla de gritos mudos, en la que ni siquiera pueden vociferar su dolor, porque el que levante la voz es asesinado.