Medioambiente
COP16 | Los detalles del plan ambiental de Petro que llevó al paro a centenares de campesinos y mineros
La situación no ha pasado desapercibida en los pasillos y salones de la Zona Azul, espacio de la COP16 que concentra buena parte de las grandes discusiones académicas.
Mientras en la capital del Valle se desarrollan las discusiones académicas de la COP16, la más importante cita sobre biodiversidad de todo el planeta, a varios kilómetros de distancia miles de mineros y campesinos protagonizan, desde hace tres días, una serie de protestas para rechazar un plan del Gobierno nacional que busca declarar nuevas zonas de protección ambiental y con ello restringir sus actividades.
Dicho plan está siendo socializado por varios funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien busca darle alcance internacional a su agenda ambiental al ser anfitrión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad.
En los departamentos de Antioquia, Santander y Boyacá los manifestantes protestaron contra MinAmbiente y bloquearon vías con largas filas de camiones detenidos y troncos de árboles atravesados. Una situación que no ha pasado desapercibida en los pasillos y salones de la Zona Azul, espacio de la COP16 que concentra buena parte de las grandes discusiones académicas.
La raíz de este malestar entre los campesinos surgió por un decreto del Gobierno que no es nuevo: fue publicado en enero de este año y lo que hace es delimitar nuevos territorios del país como reservas naturales, que en adelante estarán vedadas para explotación minera o agrícola.
El decreto de la discordia es el 044 de 2024, el cual establece nuevos criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal y que tiene como objetivo asegurar un manejo más riguroso y sostenible de los recursos naturales.
Voces como la del presidente de la Federación Nacional de Productores de Carbón (FenalCarbón), Carlos Cante, han salido en contra. Según explicó, el Decreto 044 genera una “moratoria minera”, debido a la incertidumbre jurídica que crea para los inversionistas del sector. “Nadie va a realizar inversiones en áreas mineras en el país cuando existe la posibilidad de que en cualquier momento, de manera arbitraria, el Gobierno establezca zonas de reserva temporal que prohíban el desarrollo de los proyectos”, dijo.
“No engañen al pueblo, no nos engañen a nosotros diciendo que esto es por el ambiente (...), no vengan a pararse a la COP a decir que esto es paz con la naturaleza”, reclamó Ivonne González, presidenta de la Asociación de Mineros de Santander, en alusión al eslogan de la cumbre de Naciones Unidas que se desarrolla en Cali hasta el próximo 1 de noviembre.
Colombia lo que hizo fue alinearse a los compromisos de la COP15, que se celebró en 2022 en Montreal, Canadá, en donde un total de 196 países se comprometieron a declarar el 30 % de sus suelos y de sus mares como áreas de conservación natural para el año 2030.
Y es ahí que está la nuez del asunto, pues para lograr esa meta, se debe eliminar la minería de ciertos territorios que cuentan con ecosistemas estratégicos.
Pero otra es la visión de miles de campesinos y mineros en el país, que han lanzado fuertes críticas al plan de Petro: sostienen que ya no podrán sembrar alimentos en zonas ampliadas de los páramos, territorios que los expertos consideran ecosistemas estratégicos globales en los que nace el agua dulce que millones de personas beben; además, es un repositorio natural que apoya el control del dióxido de carbono ya que lo retiene en su subsuelo, ayudando a evitar el calentamiento global.
Las protestas que se adelantan desde hace tres días, y que ya dejan millonarias pérdidas debido a la imposibilidad de movilizar alimentos y otros productos por el país, también han servido de excusa a los mineros para exigir que el Gobierno Petro cumpla sus promesas de formalización de la actividad para aquellos que no están vinculados con grupos armados.
No es un asunto menor. La participación del sector minero en las exportaciones colombianas representó el 28,4 % en 2023.
Sin embargo, poco antes del inicio de la COP16, el propio presidente Petro lanzó un plan para buscar inversiones por cerca de 40.000 millones de dólares y abandonar de esta manera su dependencia del petróleo y el carbón.
La oposición, por su parte, rechaza los discursos del mandatario contra el “extractivismo” y aboga por una transición gradual sin comprometer las arcas del país.