Contraloría advierte que la desnutrición infantil indígena triplica el promedio nacional y persisten graves brechas en atención

En un nuevo informe presentado durante el foro “La primera infancia indígena: deberes del Estado, compromiso de la sociedad”, la Contraloría General de la República alertó sobre la crítica situación que enfrenta la niñez indígena en Colombia, señalando que las tasas de mortalidad por desnutrición son entre tres y cuatro veces superiores al promedio nacional.

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, afirmó que, pese a algunos avances, persisten graves deficiencias en la garantía de derechos y en la atención integral a los niños y niñas indígenas, especialmente en los pueblos en riesgo de extinción. “Aunque se han realizado esfuerzos importantes, continúan las fallas estructurales en el seguimiento, la continuidad y la articulación institucional”, indicó el funcionario.

El estudio, realizado por la Contraloría Delegada para Población Focalizada, evaluó la eficacia de los programas estatales de atención a la primera infancia indígena durante las vigencias 2023 y 2024. La investigación concluyó que departamentos como Amazonas, Arauca, Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada y Putumayo registran los peores desempeños en materia de protección y bienestar infantil, coincidiendo con las zonas de mayor presencia de comunidades indígenas.

Según datos del DANE, en el país existen más de 250.000 niños y niñas indígenas entre 0 y 5 años, de los cuales más de 200.000 pertenecen a pueblos en riesgo de extinción. Sin embargo, la Contraloría advirtió que la falta de actualizaciones censales y la ausencia de registros completos por parte del Ministerio del Interior dificultan tener cifras precisas, lo que limita la formulación de políticas públicas efectivas.

El organismo de control también analizó el cumplimiento de la Sentencia T-187 de 2018, que protege los derechos de la primera infancia indígena en Pueblo Rico (Risaralda), y encontró avances parciales, pero insuficientes. La entidad insistió en que el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) debe fortalecer su papel como ente articulador de las estrategias interinstitucionales.

Finalmente, la Contraloría General hizo un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades indígenas para establecer mecanismos de seguimiento y evaluación permanentes, con el fin de cerrar las brechas estructurales que siguen afectando a la primera infancia indígena y garantizar el acceso real a derechos básicos como salud, nutrición, agua potable y educación inicial.