Campesinos, víctimas y reinsertados se pelean dos grandes predios en el Valle entregados por el Gobierno hace 20 años; el lío ha dejado muertos y desplazados

La ilusión que significó en 2006 la entrega de 1.400 hectáreas productivas en tres municipios del Valle del Cauca a familias de reincorporados, desplazados y campesinos terminó siendo para algunas de ellas una verdadera pesadilla.

“Eso fue una alegría muy grande. Entonces yo era ama de casa, vivía con mi esposo y mis dos hijos. Hoy mi familia se compone de mucha tristeza, llanto y necesidad”, le dijo a SEMANA Concepción Segura.

En esta lucha por poder sacarle un verdadero proyecto a sus tierras, que están ubicadas en San Pedro, Guadalajara y Buga, Concepción perdió a uno de sus hijos y a su esposo, un reincorporado del Bloque Calima de las AUC, el verdadero adjudicatario de las tierras. “Un año después, él murió en un accidente, iba caminando por la calle, se formó una balacera y le dio una bala perdida”, narró la mujer.

Ella se reunió junto a otro grupo de adjudicatarios y, por medio de varias reclamaciones legales, le han pedido al presidente Gustavo Petro hacer algo para que las tierras que les entregó el Gobierno y que hoy administra una empresa privada comunitaria les sean devueltas.

Don Octavio Ferias, campesino que desde hace nueve meses acampa en las afueras de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en Bogotá a modo de protesta, le contó a SEMANA, cuál es el verdadero lío con esas tierras calificadas en la ANT como un “caso escandaloso”.

La idea del proyecto del Gobierno al entregarles 35 predios en las fincas denominadas Sandrana y Samaria, antigua propiedad del narco José Santacruz Londoño, era que los reincorporados, las víctimas y los campesinos los convirtieran en tierras productivas para ellos y sus familias.

Pero cometió un error. La entrega fue bajo la figura de común proindiviso, es decir, los campesinos tenían su tierra, sabían que a cada uno les correspondía entre 5 y 7 hectáreas, pero no había una división de la misma. Esto significa que, desde hace 20 años, todos son dueños, pero nadie sabe dónde está su pedazo. Incluso, algunos aseguran que su tierra desapareció.

Por eso, don Octavio inició tres procesos para que la ANT hiciera el divisorio de las tierras, pero los tres se cayeron ante la justicia, con un agravante: el lío por las tierras fue acumulando multimillonarias deudas, amenazas a algunos adjudicatarios y otros, como James Londoño, fueron asesinados.

Él era el representante legal de la Empresa Comunitaria Unida de Paz, Libertad y Trabajo (Ecoupalt), creada por los adjudicatarios para arrendar las tierras a ingenios azucareros de la zona y aunque la justicia no ha determinado por qué lo asesinaron el 27 de octubre de 2017, muchos en la zona creen que fue por su rol en esa empresa.

“En ese momento, en Ecoupalt hicieron un préstamo de 4.000 millones de pesos para desinundar las tierras afectadas por la ola invernal. ¿Dónde están, en qué los invirtieron?”, se pregunta don Octavio.

Aunque ese, aseguran él y otros adjudicatarios, no es el único problema financiero de la empresa que crearon para que les administrara las tierras. “Hoy día se tiene una deuda de más de 800 millones de pesos con la Dian”, afirmó Concepción.

Los enredos de esas tierras quedaron consignados en el Auto 7525 de la ANT de noviembre de 2020, por medio del cual algunos adjudicatarios buscaban que la resolución de entrega de 2006 se viniera abajo, para que se avanzara en el divisorio y por fin pudieran disfrutar lo que el Estado les prometió.

Por ejemplo, según el documento, en 2018 solo había ocho beneficiarios explotando de manera directa a los premios adjudicados. Sembraban papaya, plátano, maíz, maracuyá, aguacate, guayaba, yuca, paso y tenían ganado, de doble propósito.

El resto de las tierras fueron arrendadas durante los últimos 20 años a ingenios azucareros de la zona, a pesar de que la ley no se los permitía.

“Los adjudicatarios estarían desconociendo la restricción de transferir la explotación del predio adjudicado a un tercero”, consignaron los inspectores en el acta.

“Los líderes en lugar de trabajar la tierra, la arrendaron, nos engañaban, no nos daban trabajo, llevamos casi 20 años luchando esto, para que se haga el divisorio”, dijo Octavio.

Sin embargo, a pesar de que el auto de la ANT encontró que “las circunstancias que rodean la presente actuación administrativa, ameritan que las autoridades determine la existencia de conductas punibles”, en diálogo con SEMANA, su director, Felipe Harman, dijo que eso no le atañe a su entidad.

“La dificultad concreta es que hoy no es competencia de la ANT porque el predio tiene una naturaleza privada, es un problema en una personería jurídica que ejerce el dominio del predio, cuando hay conflictos entre privados se dirime a partir del código civil, no a partir de la autoridad nacional de tierras”, aseguró.

En ese caso, tal y como temen algunos adjudicatarios, el lío continuará, y ellos seguirán recibiendo los 100 mil pesos que por cada hectárea de tierra les dan cada mes. O lo más grave, se quedarán sin tierra.