Aumenta el reclutamiento y la violencia sexual contra niños y adolescentes en Nariño por cuenta de grupos armados, advierte el defensor del Pueblo

En el departamento de Nariño se ha registrado un preocupante aumento en el reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales. La Defensoría del Pueblo ha recibido informes de 20 casos desde el año 2020 hasta la fecha, siendo el primer semestre de 2023 el período con más reportes, con siete casos registrados: tres en Tumaco, dos en Barbacoas, uno en Policarpa y otro en El Charco.

A pesar de que se ha evidenciado y advertido sobre este riesgo, para la Defensoría, la Mesa Departamental para la Prevención del Reclutamiento en Nariño no ha realizado ninguna reunión en lo que va del año. Además, el departamento “no cuenta con un plan de acción, necesario para concretar acciones cuyo fin sea evitar que este flagelo continúe afectando a la niñez”.

Ante esta situación, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, ha anunciado que, a través de la Delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez y la Defensoría Regional de Nariño, se ha gestionado la primera sesión de la Mesa para el próximo 19 de julio.

“No obstante, a través de la Delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez y la Defensoría Regional Nariño, como es nuestro deber misional, gestionamos para el próximo 19 de julio la primera sesión de la Mesa, así como también logramos que para esa fecha se cuente con un plan de acción de prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual de menores de edad”, aseguró el defensor Camargo Assis.

La entidad ha emitido dos Alertas Tempranas durante este año, advirtiendo sobre el riesgo de reclutamiento en el territorio de la costa Pacífica nariñense y en los municipios de la cordillera y la frontera colombo-ecuatoriana.

Es preocupante para la Defensoría del Pueblo que, según la Secretaría Técnica de la Mesa Departamental para la Prevención del Reclutamiento, solo 13 de los 64 municipios del departamento cuenten con equipos de acción inmediata. Sin embargo, esto no garantiza que las rutas de prevención y protección estén funcionando de manera efectiva, lo que contribuye a que se consumen los casos de reclutamiento. Además, existe un subregistro de casos debido al temor de las familias a denunciar.

Para abordar esta problemática, según Camargo Assis, es crucial fortalecer “la implementación de la ‘Línea de política pública de prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia Sexual contra niñas, niños y adolescentes por grupos armados organizados y grupos delictivos organizados’, pues se están propiciando factores que inciden para que sigan siendo vinculados a los grupos ilegales”.

En una misión humanitaria llevada a cabo por la Defensoría del Pueblo en los municipios de Ipiales y Pasto, se evidenció un aumento en el control territorial y social ejercido por al menos cuatro actores armados ilegales. La normalización de la violencia y el reclutamiento, la falta de presencia y oferta institucional, y las dificultades de acceso debido a las condiciones geográficas, contribuyen al incremento del riesgo de reclutamiento.

Según la Secretaría de Educación de Nariño, alrededor de 7.000 menores de edad no fueron matriculados este año. Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo insta a generar mecanismos que permitan hacer seguimiento a los casos de deserción reportados.

El defensor del Pueblo hizo un llamado a la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, el Uso, la Utilización y la Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (Ciprunna), para fortalecer institucionalmente los niveles departamentales y municipales. Es fundamental activar rutas de prevención temprana y urgente, así como fortalecer los entornos protectores, como la familia y la escuela, para identificar factores de riesgo de reclutamiento a tiempo.

“Es importante que todas las entidades nacionales, departamentales y municipales continúen trabajando en conjunto para llevar a los territorios la oferta institucional, programas e iniciativas ajustadas a las realidades del territorio, que fortalezcan los proyectos de vida de la infancia, la adolescencia y la juventud, con enfoque diferencial étnico y de género”, puntualizó el defensor.