Susana Muhamad firmó polémica resolución antes de irse y desató protestas en Santander con amenaza de escalar a Bogotá

En medio de un escenario de tensiones y rechazo generalizado, la exministra de Ambiente Susana Muhamad firmó en su último día de gestión la Resolución 0221 de marzo de 2025, que declara 75.000 hectáreas como zona de reserva fuera del páramo de Santurbán. La medida, publicada en el Diario Oficial mientras miles de personas protestaban en las calles de Bucaramanga, ha sido calificada por líderes comunitarios, expertos y autoridades como inconsulta, ilegal e inconstitucional.

La resolución afecta directamente a más de 35.000 habitantes de los municipios de California, Suratá, Matanza, Tona, Charta, Vetas y el norte de Bucaramanga, donde la minería y la agricultura son las principales actividades económicas. Las comunidades, representadas por más de 40 organizaciones sociales, mineras y comunales, denuncian que la medida carece de sustento técnico y científico, desconoce el derecho a la participación y viola tres sentencias de la Corte Constitucional.

Rechazo unánime y advertencias ignoradas

La decisión de Muhamad se tomó a pesar de haber sido recusada ante la Procuraduría General de la Nación, lo que la obligaba a declararse impedida. Además, la Procuraduría ya había advertido sobre las graves falencias técnicas y legales de la resolución, instando a completar primero la delimitación del páramo de Santurbán, ordenada por la Corte Constitucional en 2017 y aplazada por más de ocho años.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, también expresó su rechazo a la medida y anunció su intención de mediar entre las comunidades afectadas y la nueva ministra de Ambiente, Lena Estrada. “Esta resolución no solo es inconsulta, sino que pone en riesgo el sustento de miles de familias y podría fomentar la minería ilegal en la región”, afirmó Díaz Mateus.

Comunidades en pie de lucha

Más de 2.000 campesinos, agricultores y pequeños mineros se manifestaron en Bucaramanga para rechazar la resolución, que consideran una amenaza para su subsistencia. Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas y la Fundación Dignidad Minera, señaló: “De afán y a pesar de estar impedida, la ministra sacó esta resolución inconstitucional. No permitiremos que el Gobierno les entregue nuestra tierra a grupos armados para que vengan a hacer minería con las armas”.

Las organizaciones sociales también denunciaron que el Ministerio ignoró el 80 % de las más de 1.350 observaciones, derechos de petición y comentarios presentados sobre la propuesta de reserva. Al 20 % restante, aseguran, se les dieron respuestas generales y sin sustento técnico, lo que evidencia la falta de rigurosidad en el proceso.

Protestas llegarán a Bogotá

Los líderes de la manifestación anunciaron que llevarán su lucha hasta la capital del país. En los próximos días, presentarán acciones legales contra la Resolución 0221, incluyendo una “tutelatón” masiva para exigir su revocatoria y el respeto a los derechos de las comunidades afectadas.

“Vamos a Bogotá para que nos escuchen. No queremos irnos de nuestro territorio, y no permitiremos que nos condenen a la pobreza y el desplazamiento”, afirmó un líder comunitario de Soto Norte.

Llamado a la nueva ministra

Las organizaciones sociales y gremiales de Soto Norte hicieron un llamado urgente a la nueva ministra de Ambiente, Lena Estrada, para que revise la resolución y tome decisiones concertadas con las comunidades. “Esperamos que la nueva ministra escuche nuestras voces y actúe con rigor técnico, evitando afectar el desarrollo social y económico de miles de familias”, concluyó González.

Mientras tanto, la tensión en la región sigue en aumento, y las comunidades se preparan para una batalla legal y social que podría definir el futuro de una de las zonas más biodiversas y productivas de Santander.