Santander
Páramo de Santurbán: Tribunal abre desacato contra la ministra de Ambiente por incumplimientos y retrasos en la delimitación
Este proceso, ordenado por la Corte Constitucional hace más de siete años, sigue sin ejecutarse.
El Tribunal Administrativo de Santander, bajo la dirección de la magistrada Luisa Fernanda Flores Reyes, abrió un incidente de desacato contra la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, por los reiterados incumplimientos en la delimitación del páramo de Santurbán. Este proceso, ordenado por la Corte Constitucional hace más de siete años, sigue sin ejecutarse, lo que ha generado graves consecuencias ambientales, sociales y económicas en la región.
Según el auto emitido por el Tribunal, la ministra Muhamad ha incumplido con el cronograma establecido, no ha asistido a reuniones obligatorias y ha alegado falta de presupuesto para llevar a cabo las actividades necesarias, como las mesas de concertación con las comunidades. De las 31 mesas programadas, solo se han realizado seis, lo que ha dejado en la incertidumbre a miles de campesinos, agricultores y mineros tradicionales cuyas economías han estado paralizadas por casi una década.
El Tribunal advirtió que este incumplimiento no solo viola la sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, sino que también va “en detrimento de los derechos fundamentales protegidos” por esta. La falta de acción ha permitido que la minería ilegal y la contaminación por mercurio en las fuentes hídricas se agraven, superando hasta 40 veces los límites internacionales permitidos, según un informe de la Procuraduría General de la Nación. Este organismo señaló que la inacción del Ministerio de Ambiente es responsable directa de la crisis ambiental en la zona.
La veedora ciudadana y líder de los pequeños mineros legales de Vetas, Ivonne González, expresó su apoyo a la decisión del Tribunal: “Las comunidades recibimos con esperanza el desacato que se le abrió a la ministra Susana Muhamad. Ella ha burlado la sentencia, a las comunidades, al Tribunal y a la Corte Constitucional. Quiere imponer una zona de reserva sin concertar con las comunidades, violando el Acuerdo de Escazú y basándose en una interpretación equivocada de otra sentencia”.
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El Tribunal también destacó que la falta de delimitación ha generado retrasos significativos en la protección del ecosistema, afectando a municipios como Vetas, California, Suratá, Salazar, Arboledas, Cáchira y Bucaramanga. Además, ha exacerbado la extracción ilícita de minerales, poniendo en riesgo la cuenca hídrica que abastece de agua potable al área metropolitana de Bucaramanga.
Ante este panorama, el Tribunal requirió a la ministra Muhamad para que, en un plazo de cinco días, justifique los motivos del incumplimiento o cumpla con las órdenes judiciales. De no hacerlo, podría enfrentar millonarias sanciones económicas. La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo han insistido en la urgencia de avanzar en la delimitación antes de declarar normas adicionales, como la zona de reserva en siete municipios de Soto Norte, y han exigido un proceso de concertación claro y participativo con las comunidades locales, tal como lo establece el Acuerdo de Escazú y las sentencias de la Corte Constitucional.
Este caso pone en evidencia la necesidad de acciones concretas y urgentes para proteger uno de los ecosistemas más importantes del país, mientras se garantizan los derechos de las comunidades que dependen de él.
