Santander
Histórico fallo: Páramo de Santurbán es declarado sujeto de derechos por Tribunal de Santander
Tribunal ordena suspender toda actividad minera en el Páramo y exige protección inmediata del ecosistema, clave para el abastecimiento de agua en Bucaramanga.
En una decisión sin precedentes para la protección ambiental en Colombia, el Tribunal Administrativo de Santander declaró al Páramo de Santurbán como sujeto de derechos, reconociéndolo como un ecosistema que debe ser protegido integralmente. La sentencia, emitida el pasado 21 de julio de 2025, marca un hito en la jurisprudencia nacional al priorizar el cuidado del agua, la vida y los territorios frente a intereses extractivos.
La decisión fue tomada tras constatar la vulneración del derecho colectivo a un ambiente sano y ordenó la adopción de medidas urgentes para blindar este ecosistema estratégico de cualquier actividad que pueda ponerlo en riesgo, incluso bajo escenarios de incertidumbre científica. Con ello, el Tribunal aplicó el principio de precaución, dando prioridad a la prevención de posibles daños ambientales irreversibles.
Entre las órdenes más relevantes de la sentencia, se encuentra la suspensión inmediata de toda intervención que pueda afectar el Páramo, particularmente actividades mineras que, según expertos, amenazaban con impactar gravemente las fuentes hídricas que abastecen a más de un millón de personas en Bucaramanga y su área metropolitana. Se estima que una explotación de oro en esta zona habría reducido drásticamente el caudal de los ríos que alimentan el embalse del Acueducto Metropolitano, cuya infraestructura implicó una inversión superior a los $300 mil millones.
El fallo también exige revisar de manera obligatoria los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) de los municipios de Vetas, California y Suratá, con el fin de incorporar las determinantes ambientales derivadas de la nueva delimitación del Páramo. Además, se deberá cumplir con la zonificación y el régimen de usos establecido por la Corte Constitucional en la sentencia T-361 de 2017.
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La sentencia incluye remitir copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría para que se investiguen posibles delitos ambientales cometidos en el territorio. También se establece un mecanismo especial de seguimiento judicial que garantice el cumplimiento progresivo de las órdenes impartidas, como una forma de reparación frente a la deuda histórica del Estado con este ecosistema y con las comunidades que lo habitan y lo defienden.
Desde organizaciones sociales como el Comité en Defensa del Agua, celebraron la decisión. “Este fallo es un triunfo de la vida y de la dignidad de nuestros territorios. Santurbán no se toca”, afirmaron.
La sentencia no solo refuerza el blindaje jurídico de uno de los ecosistemas más importantes del país, sino que abre camino a nuevas herramientas legales para proteger el patrimonio ambiental de Colombia en futuras disputas territoriales. El gran reto ahora será asegurar su aplicación efectiva y construir modelos de desarrollo compatibles con los límites ecológicos del país.
