Asomineros se va de frente contra el Ministerio de Ambiente: “Declarando zona de reserva en Santander sin concertar con comunidades”

Ivonne González, presidenta de la Asociación de Mineros de Vetas, Santander, se mostró preocupada al conocer que el Ministerio de Ambiente convocó una rueda de prensa para anunciar la declaración de una zona de reserva bajo el polémico Decreto 044, fuera de los límites del páramo de Santurbán, lo que según la líder afectaría a más de 78,000 hectáreas en el municipio de Soto Norte.

González explicó que la aplicación del Decreto 044, que prohíbe las actividades mineras, ignora que actualmente está en curso un proceso de medidas cautelares en el Consejo de Estado. Además, subrayó que esta decisión viola el Acuerdo de Escazú, el cual establece que todas las acciones relacionadas con el medio ambiente deben ser concertadas con las comunidades afectadas.

La líder minera criticó que, bajo lo que considera “motivaciones políticas y activistas”, se estarían tomando decisiones arbitrarias que perjudicarían a más de 100.000 personas que dependen de la minería legal en Colombia, pasando por encima de sus derechos y medios de subsistencia.

“El Ministerio de Ambiente ha publicado para “comentarios” una resolución que prohíbe de tajo la minería en Soto Norte, una región que lleva casi 500 años viviendo de esa actividad. Con esta resolución inconsulta que pasa por encima de la voluntad de los 35 mil habitantes de la Provincia, de los alcaldes de los 6 municipios de Soto Norte, del Gobernador de Santander y de la CDMB, y en contra de los llamados de la Procuraduría y de la Personería, el Ministerio muestra su carácter autoritario y centralista”, indicó González.

A esta problemática se sumaron más de diez organizaciones mineras de Santander, que representan a cerca de 1.500 mineros provenientes de los municipios de California, Vetas y Suratá. Estas asociaciones han levantado su voz contra la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, acusándola de incumplir uno de los acuerdos más importantes alcanzados durante la primera semana de noviembre.

En esa ocasión, se celebró la primera mesa de concertación tras el levantamiento del Paro Minero, en la cual se estableció que, antes de presentar un proyecto de resolución sobre la creación de una nueva zona de reserva temporal, se llevaría a cabo un proceso de diálogo con las comunidades afectadas, los alcaldes, la Gobernación de Santander, congresistas y otros actores clave.

Esta concertación, señalaron los mineros, era fundamental para garantizar que una decisión de tal magnitud, que impacta directamente la economía de todo un departamento, se tomara de manera consensuada y transparente. Sin embargo, aseguran que este compromiso ha sido ignorado por las autoridades, lo que ha generado un creciente malestar entre los trabajadores del sector minero.

“Con esta decisión el Gobierno Nacional condena a la ilegalidad y al desplazamiento forzado a las familias mineras. En lugar de sentarse a construir políticas minero-ambientales de manera concertada y de apostar seriamente por formalizar a los mineros que creen en la Ley, el Ministerio ha decidido borrar de un solo tajo una actividad productiva gracias a la cual viven decenas de miles de familias. El “proceso de participación” al que llama el Ministerio es una burla al Acuerdo de Escazú. La justicia ambiental y la concertación de las políticas ambientales con las comunidades a las que se comprometió internacionalmente el Estado colombiano ha quedado reducida a enviar comentarios en un sitio web”, afirmó la líder minera.

Según los mineros, esto evidencia que sus determinaciones sobre los temas ambientales en Santander podrían estar más vinculadas a compromisos políticos que a un verdadero interés por las necesidades del territorio y las comunidades locales.

“Denunciamos que el Ministerio no se ha dignado a responder seriamente a la propuesta que presentamos las comunidades mineras del país tras acuerdo que firmamos con el Gobierno nacional en Caucasia para dar fin al Paro Minero de octubre. ¿Si el Gobierno ya empezó a incumplir su propia palabra, por qué deberíamos confiar en que incluirá los comentarios que como ciudadanos hagamos a la resolución publicada?”, puntualizó Ivonne González.

En última instancia, las comunidades mineras de Santander decidieron declararse en desobediencia civil, con planes de realizar una marcha en Bogotá respaldada por mineros de otras regiones del país. Además, anunciaron su intención de recurrir a todas las acciones legales disponibles para detener la implementación del cuestionado Decreto 044, al que consideran arbitrario.

En este contexto, también hicieron un llamado a la Procuraduría General de la Nación y al Consejo de Estado para que tomen medidas y eviten que se vulneren los derechos de las comunidades mineras afectadas por esta normativa.