Bogotá
Secretaría de Seguridad de Bogotá responde a indagación previa de Procuraduría por millonario contrato de cámaras
Ese despacho aseguró que “se han suscrito prórrogas y suspensiones con miras a culminar la instalación de la totalidad de las cámaras”.
La Secretaría de Seguridad de Bogotá respondió a la indagación previa que abrió la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades que se habrían presentado en la firma de un millonario contrato de cámaras.
Se trata del contrato SCJ-1904-2023 suscrito para la instalación de cámaras de videovigilancia tipo LPR (que cuentan con la tecnología de reconocimiento de placas) y que tuvo un valor cercano a los 14.339 millones de pesos.
La Secretaría de Seguridad señaló que este fue suscrito el 29 de diciembre de 2023 para el suministro e instalación de 200 aparatos con esta tecnología. A renglón seguido, esa oficina apuntó que su ejecución comenzó el 6 de febrero de 2024.
“Actualmente, se encuentran entregadas 200 cámaras, de las cuales 50 ya están instaladas, configuradas y en funcionamiento para la ciudad”, destacó la Secretaría de Seguridad en un comunicado.
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Precisamente, la Procuraduría advirtió que solo se han instalado 50 de esos equipos, lo que representa solo el 25 % de los aparatos que se pondrían en funcionamiento en el marco de ese convenio.
El ente de control señaló una posible planeación deficiente del proyecto y la posible aparición de fallas técnicas que no se habrían tenido en cuenta al comienzo de la ejecución del convenio.
La Procuraduría sostiene que las prórrogas y suspensiones que se aplicaron al convenio no habrían tenido el soporte presupuestal necesario.
“En observancia de los principios que rigen la contratación estatal y en el marco del contrato SCJ- 1904-2023, se han suscrito prórrogas y suspensiones con miras a culminar la instalación de la totalidad de las cámaras, teniendo como próxima fecha de terminación contractual el 27 de noviembre de 2025″, respondió la Secretaría de Seguridad ante los señalamientos.
La indagación previa de la Procuraduría habla de controversias contractuales equivalentes a 2.000 millones de pesos y presuntas fallas en aspectos como la sustitución de la interventoría técnica externa por una supervisión interna a cargo de la misma Secretaría de Seguridad.
El ente de control ordenó la recolección de pruebas en este caso. En ese sentido, la Secretaría de Movilidad respondió que “tiene plena disposición para colaborar y apoyar a la Procuraduría General de la Nación en su gestión, frente a la indagación previa anunciada”.
