Bogotá
Procuraduría General abrió indagación previa contra la Secretaría de Seguridad de Bogotá por “irregularidades” en millonario contrato de cámaras
Se trata de un contrato de 14.000 millones de pesos firmado en 2023 y del cual solo se habría instalado el 25 por ciento de las aparatos contratados.
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar, de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, por posibles irregularidades en el contrato SCJ-1904-2023, relacionado con la instalación de cámaras de videovigilancia tipo LPR (reconocimiento de placas), por un valor cercano a los 14.339 millones de pesos.
El documento emitido por el órgano de control señala “Ordenar la apertura de indagación previa en AVERIGUACIÓN DE RESPONSABLES por el término de seis (06) meses, con el fin de verificar la efectiva ocurrencia de las conductas objeto de investigación”.
De acuerdo con lo dicho por la Procuraduría General de la Nación, aunque el contrato contempla la instalación de 200 cámaras para fortalecer la seguridad ciudadana en la capital, hasta la fecha solo han sido instaladas 50, lo que representa apenas el 25 por ciento del componente principal del proyecto.
Según el reporte oficial, el avance físico del contrato es del 68,5 por ciento, mientras que la ejecución presupuestal apenas alcanza el 50 por ciento.
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Entre los hallazgos que motivaron la actuación disciplinaria están la planeación deficiente del proyecto y la aparición de fallas técnicas no previstas desde el inicio.
Además, dice el ente de control, el contrato ha tenido tres prórrogas y tres suspensiones, todas sin el debido soporte presupuestal. También se registran controversias contractuales por más de 2.000 millones de pesos, lo que ha generado dudas sobre la viabilidad del proceso.
Uno de los puntos más críticos es la sustitución de la interventoría técnica externa por una supervisión interna a cargo de la misma Secretaría de Seguridad, lo cual, según el Ministerio Público, se hizo sin el respaldo técnico necesario.
Por estos motivos, la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción ordenó la recolección de pruebas documentales y testimoniales para determinar si los hechos constituyen faltas disciplinarias y establecer eventuales responsabilidades de los funcionarios implicados.
Dentro de esa recolección de pruebas se ordenó “practicar visita especial a las instalaciones de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, a fin de recaudar copia información y/o documentación”.
Entre esos documentos se solicitó copia de todos y cada uno de los documentos que hacen parte integral de la planeación contractual que dio paso al proceso de selección abreviada y del contrato firmado por Ada Luz Sandoval, quien es la jefe oficina Centro Comando, Control, Comunicaciones y Computo C4.
