Preocupación por el precipitado envejecimiento de la capital: así lo reveló el informe ‘Calidad de Vida 2024’ de Bogotá Cómo Vamos

Bogotá se está envejeciendo más rápido que el país, y la pobreza sigue teniendo rostro de mujer, joven y migrante. Así lo revela el informe de Calidad de Vida 2024 de Bogotá Cómo Vamos, que analizó indicadores en salud, educación, seguridad, empleo, ambiente y gobernanza, y dibuja un panorama de contrastes entre avances y deudas estructurales en la capital.

Uno de los hallazgos centrales del informe es el proceso de envejecimiento acelerado que atraviesa Bogotá. La ciudad tiene una fecundidad histórica de 0,8 hijos por mujer y una población mayor de 60 años que supera el 15,4 %.

Esta transformación demográfica está acompañada de una caída en los nacimientos, alta proporción de embarazos adolescentes en algunas zonas, aumento de enfermedades crónicas y deterioro en la salud mental, especialmente entre jóvenes.

Aunque se destacan avances en coberturas de vacunación y controles prenatales, persisten problemas como la baja captación temprana de gestantes, incremento del bajo peso al nacer y repunte de la mortalidad materna.

En salud, el informe recomienda anticiparse al cambio demográfico con políticas de envejecimiento activo, consolidar una política reproductiva integral con enfoque territorial y de género, garantizar atención continua y de calidad para personas con VIH e ITS, priorizar la salud infantil, y redistribuir la oferta de servicios para mejorar su equidad geográfica.

En pobreza y mercado laboral, el informe reporta que uno de cada tres trabajadores en Bogotá se encuentra en la informalidad. Las mujeres, migrantes e indígenas presentan las mayores afectaciones. La economía del cuidado sigue generando desigualdad: las mujeres dedican el doble de tiempo al trabajo no remunerado.

Además, el 30 % de los jóvenes son clasificados como “jóvenes con potencial”, caracterizados por trayectorias fragmentadas, desconexión educativa y falta de acompañamiento institucional. El informe también visibiliza la exclusión social de personas en situación de habitabilidad en calle.

Las recomendaciones en este eje incluyen priorizar la economía del cuidado como eje transformador, cerrar brechas de acceso al empleo con enfoque poblacional y territorial, fortalecer la intermediación laboral y adaptar los esquemas de protección social a realidades laborales no lineales.

En educación, el informe destaca la disminución sostenida en matrícula en niveles como preescolar y secundaria. Se registraron reducciones de 24.174 y 50.357 estudiantes en los últimos cuatro años. Aunque mejoró el desempeño en Saber 11, persisten brechas entre colegios públicos y privados y entre niveles socioeconómicos. La tasa de tránsito inmediato a la educación superior muestra diferencias: 62 de cada 100 graduados de colegios privados acceden a la universidad, frente a 45 de colegios oficiales.

El informe recomienda reforzar la identificación temprana de estudiantes en riesgo de deserción, desarrollar guías pedagógicas innovadoras, apoyar a estudiantes que trabajan en la informalidad y fortalecer la inversión en infraestructura educativa y tecnológica.

En seguridad, el informe reporta aumento en homicidios, violencia intrafamiliar, delitos sexuales y extorsión (63,5 %). El hurto disminuyó 17,3 %, pero sigue siendo el delito de mayor incidencia. La percepción de inseguridad aumentó en barrios, aunque mejoró a nivel general. La sensación de inseguridad en TransMilenio persiste, especialmente entre mujeres.

Frente a esto, se plantea fortalecer el acceso a la justicia, mejorar los mecanismos de denuncia, focalizar intervenciones en poblaciones vulnerables y avanzar en control de armas de fuego.

En movilidad, el informe señala reducción en tiempos de viaje y aumento en modos sostenibles, pero persisten desigualdades. Se destaca la necesidad de consolidar el Fondo de Estabilización Tarifaria, ampliar fuentes de financiación y mejorar la seguridad vial. También se resalta el papel del transporte público en la transición energética.

En vivienda, el déficit bajó del 11 % al 7 %, pero persisten 30.000 ocupaciones ilegales. La oferta formal se expande en municipios vecinos como Soacha y Zipaquirá, pero se reduce el tamaño de las unidades. Aunque la cobertura en servicios públicos supera el 95 %, hay insatisfacción con acueducto y aseo, especialmente en zonas rurales.

En la gobernanza, la participación ciudadana es baja: el 86 % no participa en espacios institucionales. Solo el 12,3 % expresa alta confianza en la Alcaldía. A pesar de esto, aumentó el orgullo por la ciudad. En transparencia, los indicadores de percepción mejoraron, aunque permanecen en niveles bajos.

El informe concluye que Bogotá debe reforzar las políticas diferenciales para poblaciones históricamente excluidas, enfrentar la concentración territorial de servicios y problemas, y consolidar la relación entre ciudadanía e instituciones para avanzar en calidad de vida de forma equitativa.