Personería de Bogotá abre indagación previa contra Secretaría de Seguridad por presuntas irregularidades en contratos de cámaras de videovigilancia

La Personería de Bogotá abrió una indagación previa contra la Secretaría de Seguridad de Bogotá, luego de que la Contraloría de Bogotá informara sobre el hallazgo de presuntas irregularidades en contratos suscritos por esa cartera con el fin de mejorar las condiciones de seguridad de la ciudad.

De acuerdo con la información publicada por la Contraloría de Bogotá, se habrían identificado presuntas fallas de planeación y ejecución en tres contratos suscritos entre 2022 y 2024 por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia del Distrito con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB).

El objetivo de los convenios era dotar a 800 frentes de seguridad ciudadana con herramientas tecnológicas para mejorar la vigilancia en los barrios; sin embargo, según el ente de control, solo se fortalecieron 100, lo que representa un avance del 12,5 por ciento frente a la meta inicial.

Los contratos, que suman más de 15.500 millones de pesos, incluían la entrega de cámaras de videovigilancia, botones de pánico y estaciones de monitoreo.

Sin embargo, los equipos fueron devueltos al finalizar los convenios, lo que, según la Contraloría, pudo afectar la sostenibilidad del proyecto y dejar sin capacidad instalada a las comunidades beneficiadas.

Entre los hallazgos más relevantes del informe se mencionan la falta de estudios comparativos de mercado, la posibilidad de sobrecostos y presuntos errores en la planificación que podrían tener incidencia disciplinaria y fiscal por más de 600 millones de pesos.

También se evidenció la ausencia de una estrategia para garantizar la continuidad del servicio una vez finalizada la ejecución contractual.

El concejal Julián Uscátegui, del Centro Democrático, señaló que “se gastaron miles de millones, pero los resultados son irrisorios. Y lo peor: los equipos no quedaron en manos de la comunidad, sino que fueron devueltos al final de los contratos. Un desperdicio total de recursos públicos”.

Y añadió también que, en el caso de los tres contratos, “no solo hubo mala planeación, hubo una irresponsabilidad absoluta con la seguridad de los bogotanos. Contratos costosos, resultados pobres y cero sostenibilidad".

Además de estas observaciones, la Personería de Bogotá advirtió un déficit de más de 10.000 policías en la ciudad, cifra inferior al estándar internacional, especialmente en localidades como Suba, Kennedy y Bosa.

También se reportó que el 22 por ciento del parque automotor entregado por la Secretaría de Seguridad a la Policía Metropolitana está fuera de servicio, lo cual impacta la capacidad de respuesta ante emergencias.

Actualmente, según la información de los entes de control, Bogotá cuenta con más de 10.900 cámaras públicas, pero solo el 27 por ciento del espacio público está cubierto.

Asimismo, apenas el 19,15 por ciento de las más de 15.000 cámaras privadas en conjuntos residenciales está conectado al centro de monitoreo C4.

El informe de la Contraloría se encuentra en etapa de análisis por parte de los organismos competentes y podría derivar en investigaciones adicionales sobre la gestión de los recursos públicos en materia de seguridad.

“La ciudad está completamente expuesta. Hay una desconexión total entre la millonaria inversión y los resultados reales en seguridad. Es hora de asumir responsabilidades y exigir cambios profundos”, concluyó el concejal Uscátegui.