La “estafa” inmobiliaria que estaría gestando heredero de Supermercados Líder tras el asesinato del empresario Roberto Franco en el parque de la 93

Pareciera que el asesinato de Roberto Franco Charry fue solo una pieza más dentro de todo un entramado criminal que se ha movido dentro de las arcas de la poderosa firma empresarial de Supermercados Líder desde hace varios años.

El asesinato del empresario en pleno corazón del parque de la 93, en Bogotá, reveló una disputa familiar que ha estado caracterizada por la codicia, las ansias de poder de algunos miembros de ese clan y las evidentes intenciones de sacar del camino a quien sea que se oponga con el curso de los turbios negocios.

Allegados a la familia Romero, propietarios de Supermercados Líder, hablaron con SEMANA sobre lo que sería la configuración de una nueva estafa inmobiliaria con la que uno de los hermanos de ese grupo (Jonathan Romero), y quien, tras la muerte de su fundador, se quedó con el control, estaría buscando desviar dinero de la empresa hacia otros negocios para poder justificar transacciones irregulares.

Pero lo más problemático de este caso no es la configuración de la nueva empresa inmobiliaria, que podría ser una fachada, sino que los más de 220 apartamentos que se estarían comercializando serán construidos en predios incluidos dentro de un tenso proceso sucesoral que todavía no se ha definido y que tiene en una franca guerra a todos los hermanos de ese clan. Algunos, incluso, han denunciado amenazas contra su vida por cuenta de la herencia de la familia.

El proyecto inmobiliario que aparece bajo el logo de Supermercados Líder y que fue denominado ‘El Líder de los Cerezos’, se ubica en la localidad de Kennedy y está puesto a la venta por un valor que arranca desde los 249 millones de pesos y los 40 metros cuadrados.

Además, ofrece 1.000 metros cuadrados de locales comerciales, 36 parqueaderos comunales, 14 parqueaderos de bicicletas, terraza comunal con vista panorámica, portería, cuartos técnicos, zonas comunes como lavandería, salón múltiple, salón práctico y gimnasio.

Según las declaraciones conocidas por este medio, lo que estarían haciendo los hermanos que ostentan el control del Arrozal, conglomerado al que pertenece Supermercados Líder, es “usar la organización como fachada donde se puedan mover negocios turbios sin pasarlos por el sistema”; no descartan que se trate de lavado de dinero.

Además de esto, los denunciantes aseguran que durante estos años se han creado empresas fantasma a donde los hermanos Romero han movilizado recursos del Arrozal para apropiárselos y poder justificar la falsa quiebra de la empresa, como lo venía gestando desde antes de su asesinato, Roberto Franco Charry.

Las piezas que no cuadran

El asesinato de Roberto Franco reveló las grietas no solo dentro de la familia Romero, sino dentro del grupo de personas que, antes de ese hecho, estaban organizando todo un entramado criminal para poder desaparecer el Arrozal y justificar que nada de lo que tenía esa empresa y que había dejado Roberto Romero Liévano era “heredable”.

Con el liderazgo de Franco Charry, la participación de Jonathan y Giovanny Romero y la incursión de un nuevo socio de Pasto, Pedro Bestias, se erigió todo un andamiaje de estrategias jurídicas irregulares para que los dos hermanos Romero se quedaran con la empresa. No obstante, aseguran los testigos del caso, la mente maestra detrás de eso no era nadie más que Roberto Franco quien, al tratar de engañar y sacar a los Romero de su propia empresa, fraguó su propia muerte.

Incluso, las versiones de los testigos, a quienes por seguridad las autoridades han decidido proteger sus nombres, aseguran que el proceso judicial ha estado estancado porque “hay manos negras adentro que han sido financiadas por Jonathan y Giovanny para impedir que la verdad salga a la luz”.

En las declaraciones reveladas, figura que el señor Roberto Romero Liévano era un hombre rodeado de buenos y poderosos contactos en todas las escalas del poder y que, al ser su mano derecha, su hijo Jonathan Romero heredó esa misma red de contactos luego de su muerte.

“Jonathan tomó la cadena de favores y los contactos para la corrupción. Él tiene una cercanía con la policía judicial, con personas muy poderosas a nivel de criminalidad”, señaló la fuente protegida.

Ahora bien, los señalamientos no pararon ahí. En ese mismo relato se vinculó a Jonathan Romero con funcionarios de la Sijín, Dijín, con una poderosa mujer que trabajó por más de 30 años en la Superintendencia de Sociedad y quien, según los denunciantes, era la “patinadora a sueldo” de Jonathan dentro de esa entidad, “la encargada de trabar todos los procesos y de alertarlo sobre posibles medidas”. También se nombró a la Cámara de Comercio de Bogotá y la Superintendencia de Industria y Comercio.

“Franco se convirtió en el problema y al morirse dejó armado un andamiaje para robar la compañía. Él quería determinar que Roberto Romero no era dueño de nada y que por eso no podía heredar nada".

Antes de morir, Franco dejó la trazabilidad de que Jonathan era el que estaba acabando con la compañía; fue como su último acto de venganza porque él era un hombre muy astuto y, como no sabía que lo iban a asesinar, se estaba preparando para arrebatarle todo a Jonathan y a Giovanny”, le dijo a esta revista una fuente informada del caso.

Finalmente, los testigos en este caso también aseguraron que Roberto Franco utilizó a una poderosa firma de abogados, de reconocimiento internacional y muy reconocida en Colombia, para organizar toda la estrategia jurídica que le permitiría a los dos hermanos Romero quedarse con el control de la empresa y, posteriormente, transferírselo a él.

Esa firma de abogados “ideó todo el andamiaje y fue la responsable de amañar los documentos para el cambio de estatutos en 2018. Esa firma ayudó a maquillar la empresa y a que los herederos se convirtieran en fundadores”, señalaron.

Pero además de esto, también se aportaron pruebas al proceso en el que quedaría en evidencia que esa poderosa firma de abogados no solo representaba a la empresa El Arrozal, sino que también eran los representantes de Jonathan y Giovanny Romero en los procesos contra la misma empresa y el resto de hermanos herederos.

Franco pagaba ambos honorarios con dineros de la misma compañía, lo que “a todas luces no solo configura un conflicto de intereses, sino otra de las formas en las que Franco y los hermanos Romero encontraron para robar plata de la empresa y pasarla por debajo de cuerda”.