Bogotá
Este es el proyecto que se radicará en el Concejo de Bogotá para ponerle freno a los vándalos que atacan el sistema de transporte
El vicepresidente del Concejo de Bogotá, Juan David Quintero, busca que el transporte público masivo sea declarado servicio público esencial.
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El vicepresidente del Concejo de Bogotá, Juan David Quintero, anunció la radicación de un Proyecto de Acuerdo que busca declarar el transporte público masivo como un servicio público esencial, con el fin de obligar a las autoridades distritales a garantizar su operación continua frente a bloqueos y protestas violentas.
🚨¡No más capuchos bloqueando TransMilenio!
— Juan David Quintero (@JD_Quinteror) October 21, 2025
Eso no es protesta, es un ataque a los derechos fundamentales de la mayoría.
Presentaremos un Proyecto de Acuerdo para blindar @TransMilenio de los violentos y que las autoridades retiren los bloqueos de manera urgente.
Va🧵 pic.twitter.com/WYQf9LbGND
La iniciativa surge, según Quintero, ante el aumento de disturbios y cierres de vías que afectan la movilidad de más de cuatro millones de bogotanos que dependen diariamente de TransMilenio y del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).
“Bogotá no puede seguir paralizada por falsas manifestaciones pacíficas. La autoridad debe actuar de inmediato para levantar los bloqueos, judicializar a los responsables y proteger los derechos de los ciudadanos”, afirmó el concejal.

De acuerdo con cifras presentadas por Quintero, en lo corrido de 2025 se han registrado 751 protestas y contingencias, más de 300 casos adicionales frente al año anterior. Estas situaciones habrían afectado a 14,5 millones de personas, al impedir la normal operación del sistema.
El cabildante recordó que entre 2020 y abril de 2023 los daños vandálicos al sistema de transporte generaron pérdidas superiores a 17.000 millones de pesos, mientras que este año se han vandalizado 259 buses, con un costo adicional de 12.638 millones por validaciones no realizadas. “El costo más alto no se mide en dinero, sino en clases suspendidas y empleos en riesgo”, señaló.
Quintero sustentó el proyecto en la Constitución y en la Ley 336 de 1996, que reconocen el transporte público como un servicio esencial para garantizar derechos fundamentales como la movilidad, el trabajo y la educación.
El concejal comparó la iniciativa con precedentes judiciales como la huelga de pilotos de Avianca en 2017, declarada ilegal por afectar un servicio esencial, y recordó la condena a “Epa Colombia” por vandalizar TransMilenio en 2019. “El diálogo siempre será el primer camino, pero cuando la violencia reemplaza a la palabra, la autoridad no puede quedarse inmóvil”, concluyó.