Nación - Bogotá
Esta sería la condena que podría pagar una mujer que disparó al aire, en conjunto residencial
Los hechos se registraron en el norte de Bogotá y generaron pánico entre los vecinos del sector.

Una profunda polémica se desató en el país por los hechos que se registraron en el norte de Bogotá, donde una mujer realizó disparos al aire en el balcón de un apartamento en un conjunto residencial. Esta situación generó molestia entre los vecinos de ese sector de Bogotá.

Sobre la responsabilidad penal y el castigo jurídico, el abogado Camilo Burbano habló con SEMANA y analizó el caso de la mujer, quien señaló que se podrían configurar varios delitos.
Delitos que dependerán de la investigación que adelante la Fiscalía General de la Nación. Inclusive, frente a los hechos se pronunció el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por medio de su cuenta personal de X.
“Rechazo de manera contundente cualquier expresión de violencia. Desde ayer le solicité a la Fiscalía y a la Policía investigar los hechos, y espero que lo hagan con celeridad”, trinó Galán.
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Rechazo de manera contundente cualquier expresión de violencia.
— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) July 14, 2025
Desde ayer le solicité a la Fiscalía y a la Policía investigar los hechos, y espero que lo hagan con celeridad.
El día que una bala que se dispara al aire caiga en la cabeza de un niño, toda la ciudad va a… https://t.co/RnPAdnv2RS
Además, indicó: “El día que una bala que se dispara al aire caiga en la cabeza de un niño, toda la ciudad va a lamentarlo. No podemos aceptar este tipo de comportamiento en Bogotá”.
Volviendo al análisis del caso, el jurista Burbano aseguró: “Primero, lo que tendríamos que entrar a determinar es si existe la posibilidad de que haya un delito en este caso, y realmente habría dos posibilidades. La primera, el artículo 356, que fundamentalmente nos dice que una persona que, teniendo permiso para el porte de armas, realice disparos sin que obre una justificación para ello, puede tener una pena que va del año a los cinco años eventualmente de prisión”.

“Además de la cancelación del permiso para portar armas, que puede llegar hasta por 20 años, siempre que esta conducta obviamente no sea sancionada con una pena mayor, por ejemplo, una tentativa de homicidio”, dijo Camilo Burbano.
También expresó: “Lo segundo es si la persona no tiene efectivamente un permiso de porte de armas, estaríamos en un delito que es mucho más grave, que es el de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, que tiene una pena mínima que va de los nueve años y una máxima hasta los doce años, siempre y cuando no concurran agravantes, momento en el cual estaríamos en una pena de dieciocho a veinticuatro años”.

“¿Por qué les hago esta salvedad primero? Porque al poderse configurar un delito y este delito está en flagrancia, pues la Policía Nacional no solo tiene el deber de actuar, sino que tiene las herramientas para actuar. Eventualmente, inclusive, pueden entrar al domicilio de una persona que está cometiendo un delito si es en flagrancia, es decir, si están, como se diría comúnmente, con las manos en la masa, sin necesidad de una orden escrita de autoridad competente”, indicó el jurista.
Además, manifestó: “Entonces, eventualmente, claramente la Fiscalía iniciará una investigación o ya la inició, pero además la Policía podía actuar en ese momento. En este caso, flagrancia como el porte de armas que les mencionaba, que es el disparo sin justificación, pues eventualmente la Policía podía haber entrado”.
“Además, el no entrar tiene dos problemas: el primero es, desde luego, que no se conjura un riesgo que puede estar sucediendo y lo segundo es un riesgo probatorio, y es que se desaparezcan con posterioridad las pruebas. Nosotros no sabemos qué va a pasar con esa arma, no sabemos qué va a pasar, si esa arma después sale en un cotejo de disparos, si las armas eran de salva, si no eran de salva, si eventualmente el arma tenía permiso o no tenía permiso. Entonces, el hecho de que la Fiscalía en su momento y también la Policía en este caso pueda entrar, pues se da precisamente para poder asegurar las pruebas y además para proteger a la comunidad”, concluyó Camilo Burbano en diálogo con SEMANA.