Bogotá
En megaoperativo, la CAR logró suspender mina de explotación ilegal de carbón en el Valle de Ubaté, Cundinamarca
Los daños ambientales identificados van desde afectación al suelo, debido a los efectos de la acidez de las aguas derivadas del proceso, hasta la acumulación de metales pesados.
En un operativo conjunto, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), con el apoyo del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, logró la suspensión de una mina que explotaba de manera ilegal carbón de piedra en la vereda Ramada Flórez, en el municipio de Lenguazaque, en Cundinamarca.
Según la autoridad ambiental, aunque la mina cuenta con un contrato de concesión otorgado por la Agencia Nacional de Minería, no tiene licencia ambiental de la CAR, lo que hace ilegal su operación. La acción, liderada por la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental (UIGA) de la CAR, se desarrolló tras un trabajo de inteligencia y una planeación detallada del sitio.
“Cuando nuestros equipos y la fuerza pública llegaron al lugar pudieron establecer que, aun cuando se trata de una operación mecanizada, toda la infraestructura utilizada demuestra una extracción a gran escala”, explicó Alfred Ignacio Ballesteros, director de la CAR. En el lugar fue encontrada una tolva metálica con capacidad de 60 toneladas, de las cuales al menos 20 estaban ocupadas en el momento de la inspección.
Durante el operativo, que duró aproximadamente una hora y media, fueron sorprendidos dos sujetos que se identificaron como administradores y socios de la mina, además de algunos trabajadores que salieron a la superficie conforme avanzaba la diligencia. También se identificaron estructuras como la bocamina, un malacate industrial, patios de acopio y maniobra, un cuarto de herramientas y un área de almacenamiento de maderas.
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Los daños ambientales documentados incluyen afectaciones al recurso suelo, debido a la acidez de las aguas del proceso minero, y la presencia de metales pesados que alteran la fertilidad. Se suman vertimientos de aguas residuales desde la bocamina y la pérdida de vegetación en cerca de 700 metros cuadrados. También se constató la alteración del paisaje, con cambios en la forma y textura del relieve.
“Es lamentable que, ofreciendo todas las condiciones para asesorarlos en su proceso de solicitud de licencia ambiental, algunas personas opten por seguir operando por fuera de la normatividad. No nos oponemos a ninguna actividad productiva siempre que se haga de manera legal, ambientalmente sostenible y sin poner en riesgo el equilibrio de los ecosistemas”, subrayó Ballesteros.
La CAR advirtió que, además de la suspensión inmediata, podrían imponerse sanciones económicas de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales. Entre 2024 y 2025, la UIGA ha realizado más de 70 operativos, 25 de ellos este año, de los cuales 18 se han enfocado en daños al suelo por minería ilegal. Los responsables fueron capturados y puestos a disposición de la Fiscalía, donde podrían enfrentar penas entre 32 y 144 meses de prisión.
