El caballo de Troya con el que la Nación pretende quitarle el San Juan de Dios a Bogotá

La recuperación del San Juan de Dios ha sido una de las manzanas de la discordia entre el gobierno Petro y la administración de Carlos Fernando Galán. Dos ideas sobre lo que debería ser el futuro del emblemático hospital, que van en contravía, hoy tienen a Bogotá al borde de una demanda millonaria con una importante empresa española y al gobierno nacional ganando más terreno sobre una propiedad que legalmente le pertenece al distrito.

La intervención de la Subred Centro Oriente por parte de la Superintendencia de Salud, en ese entonces al mando de Luis Carlos Leal, en mayo de 2024, fue la primera de varias estocadas que la Nación tenía preparadas para poder recuperar el control del complejo hospitalario.

Ese movimiento fue clave para el gobierno Petro, pues, en representación del Distrito, la subred es la administradora de los contratos relacionados con la restauración del San Juan de Dios, y sólo quien poseyera su administración podía hacer modificaciones en la relación contractual con los españoles encargados de demoler la torre central.

El contrato para la demolición de la “joya de la corona”, como llaman a la torre central en el Ministerio de las Culturas, fue adjudicado por la exalcaldesa Claudia López, antes de terminar su administración, a la firma española Copasa.

Una vez intervenida la Subred el año pasado, desde el despacho del agente interventor se ordenó la terminación unilateral del contrato para la demolición. Así se pudo avanzar con el proyecto que el presidente Petro ha tenido entre ceja y ceja desde que fue alcalde de la ciudad: la restauración y recuperación del hospital.

Sin embargo, la cancelación “arbitraría” del contrato deja a Bogotá frente a una demanda millonaria de más de 100.000 millones de pesos en tribunales internacionales, que se formaron a solicitud de la empresa Copasa. Esta firma no solo tiene empapelada a Bogotá por cuenta de la acción de la Superintendencia sobre la cancelación del contrato, sino que además ya había interpuesto una reclamación al distrito por haber “entregado un contrato de un proyecto que no se podía hacer”.

Esa reclamación tiene que ver con los más de dos años que el Ministerio de las Culturas se demoró en emitir la licencia para la demolición de la torre central, argumentando que la construcción era “patrimonio de la Nación” y que por esa razón no podían autorizar su destrucción. Según el argumento de Copasa, el distrito tenía pleno conocimiento de que esa licencia no se podría emitir y aún así adjudicaron el contrato.

En ese marco, Copasa pretende que Bogotá le pague una indemnización de 70.000 millones de pesos y además, 40.000 millones que corresponden a las ganancias que la empresa española habría dejado de recibir por las afectaciones al contrato. Dentro de ese monto también se incluye la cifra de 30.000 millones de pesos, que es lo que costaría el proceso jurídico.

Y aún con todas las implicaciones negativas que le ha causado a Bogotá la decisión del Gobierno Nacional y las talanqueras puestas por el Ministerio de las Culturas relacionadas con la categoría patrimonial, el presidente Petro aseguró que “se ha liquidado el contrato entre Copasa y la red hospitalaria centro/oriente de Bogotá que pretendía dinamitar la torre central del hospital San Juan de Dios (...) por ahora quienes querían desaparecer el hospital público más antiguo de Colombia no tendrán éxito”.

Ahora bien, producto de las constantes diferencias entre Nación y Distrito, se creó la Junta de Conservación del San Juan de Dios, que está conformada por miembros de ambos gobiernos y en la que intervienen tanto el Ministerio de las Culturas, Educación y Salud, como la Gobernación de Cundinamarca y la Secretaría de Salud de Bogotá, como representante de Bogotá. Sin embargo, parece que en esa instancia el distrito también sigue perdiendo terreno.

En la última reunión, celebrada hace menos de un mes, esa junta por votación mayoritaria determinó que el San Juan de Dios no será demolido, sino que será restaurado tal cual quiere el presidente Petro desde su alcaldía en 2012. Tras esa determinación, el secretario de Salud envió una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en la que asegura que, a pesar de los cuatro votos de la junta, el distrito, como propietario del complejo, es el que tiene la potestad para tomar decisiones de gobierno sobre la infraestructura.

En la misiva, la Secretaría de Salud hace referencia a lo acontecido en la sesión 55 de la Junta de Conservación, donde se aprobó la rehabilitación del Edificio Central y se autorizó la puesta en marcha del Centro de Simulación para la Formación en Salud con Telesalud, en el Edificio de Mantenimiento. Es de recordar que, ante ambas proposiciones, el Distrito votó en forma negativa.

“Nuestro voto negativo constituye, antes que una posición que puede ser derrotada con los cuatro votos restantes de los demás integrantes de la Junta, la legítima inviabilidad de los puntos puestos a consideración en la reunión. Pensar de otro modo es contrario a derecho y puede entrañar una extralimitación de funciones problemática”, aseguró el representante de la Secretaría de Salud en su momento.

Y aunque desde la presidencia de la Junta de Conservación se ha dicho que la decisión adoptada fue de común acuerdo entre todos los votantes, lo cierto es que el Distrito sigue votando negativo a la propuesta del presidente de restaurar el hospital y convertirlo en un hospital de alta complejidad y centro de investigación y práctica universitaria. Una idea muy diferente a la que tiene en la cabeza el alcalde Galán, quien lo proyecta como un centro especializado en atención a la tercera edad.

Mientras sigue la disputa entre los gobiernos y Bogotá se acerca al límite de la demanda de la empresa española, el Ministerio de las Culturas sigue adjudicando contratos para la intervención de los demás edificios que están en el complejo. Hay que recordar que se trata de 24 edificaciones, entre las que está la torre central.

A finales del mes de febrero, el Miniculturas adjudicó contratos por más de 92.000 millones de pesos para restaurar 8 edificios de todo el complejo y se espera que al final de 2025 sean 13 las intervenidas por el gobierno.

Por ahora, el Distrito sigue reiterando la necesidad de que el Gobierno Nacional asuma un rol activo en el litigio con la empresa española Copasa que permita resolver la disputa contractual de manera conciliada y sin afectaciones para Bogotá.