Del lujo a la crisis: este es el exclusivo condominio que no se ha terminado de construir a las afueras de Bogotá y que quebró a decenas de familias

Naples Condominio Guaymaral es un exclusivo proyecto inmobiliario ubicado en Chía, Cundinamarca, que se convirtió en la ilusión de más de 50 familias y hoy es una pesadilla. La casa más barata conocida por SEMANA costaba 1.400 millones de pesos y los constructores prometieron un catálogo de lujos.

La inauguración de la primera etapa fue planeada para 2022 y luego la aplazaron para 2024: la obra está frenada y rodeada de supuestas irregularidades, en las que está involucrado uno de los contratistas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en la era de Olmedo López, acusado por posible corrupción.

Lucía Ramírez* firmó la promesa de compraventa en 2019 cautivada por la residencia de 310 metros cuadrados que disfrutarían sus hijos: “La idea era tener unas casas de lujo, un diseño espectacular, algo superexclusivo. Tenía un club house, cuatro habitaciones, nos iban a regalar un jacuzzi, una sala exterior y una parrilla”. Juan López* hizo lo mismo en 2021: “Motivados por un aviso publicitario en Instagram, nos acercamos a la sala de ventas. Los diseños arquitectónicos mostrados eran atractivos, los adicionales muy buenos y la fecha de entrega nos pareció razonable”.

La obra está en manos del consorcio Corval, conformado por dos empresas que tienen sus raíces en Santander: Endurance Inversiones y Valco Holding, una de las compañías del consorcio RCG beneficiada con el contrato de la UNGRD del dique Caregato, en La Mojana, por más de 129.000 millones de pesos en la administración de Olmedo López, frenado de mutuo acuerdo entre los privados y el Gobierno Petro en medio de las denuncias de presunta corrupción en la asignación de proyectos por esa entidad nacional y demoras en el cronograma.

De acuerdo con el testimonio de los compradores de Naples Condominio Guaymaral, el plan de pagos fue diferente para cada uno. Algunos remitieron todo el dinero al fondo de la Alianza Fiduciaria, que opera como la administradora de los recursos del proyecto. Otros pactaron entregar inmuebles y consignar la plata directamente al consorcio a cambio de restarle a la deuda, con la promesa de que notificara a Alianza sobre las transacciones.

Mientras los clientes sumaron cientos de millones a la obligación, recibieron en sus correos notificaciones de aplazamientos de la entrega de las casas y, para la firma, los habrían motivado con prometedores detalles: jacuzzi y parrilla gratis, de acuerdo con los testigos.

“Así se fueron pasando siete años, en los cuales nos pedían que siguiéramos entregando el dinero. Nos debían entregar en 2023. Cuando llegó 2023, nuevamente nos informaron que no podían entregar, que había que hacer una nueva modificación al contrato, pero que nos iban a mejorar las condiciones de la casa”, afirmó una de las compradoras, quien, asegura, les entregó 900 millones de pesos.

El proyecto fue frenado por petición de la Procuraduría al encontrar posibles irregularidades en la expedición de la licencia de parcelación y construcción. “Conforme al plan de ordenamiento territorial del municipio de Chía vigente para cuando se expidió la licencia original, ese inmueble donde se desarrolla la parcelación se localiza en zona rural, zona agropecuaria, cuyo uso principal corresponde a área de producción agrícola, ganadera y de uso sostenible de recursos naturales”, se lee en un documento del ente de control.

El abogado Carlos Arturo Pinzón, apoderado de siete familias que contrataron con Corval, detalló que la autorización que recibió la constructora en 2019 habría violado la norma: “Para la vereda La Balsa, donde se ubica el proyecto, el uso de suelos es agropecuaria semintensiva, y la vivienda campestre no está contemplada (…). Se licenció sobre terreno rural de uso agropecuario, lo cual está prohibido”.

Frente a esta situación, Germán Valencia* pidió la cancelación del contrato por 1.400 millones de pesos y la devolución de su dinero. Él depositó 342 millones de pesos en Alianza y cedió un inmueble de 597 millones de pesos al consorcio, que, presuntamente, no reportó el ingreso de esos recursos al fondo de la fiducia. El antecedente que tenía este hombre era que, para mayo de 2023, los 939 millones de pesos ya estaban en poder de la constructora, pues Alianza certificó el supuesto cumplimiento de las condiciones para ceder los 342 millones a Corval.

Por ese mismo tiempo, la Dirección de Urbanismo de la Alcaldía de Chía le respondió a uno de los clientes que el responsable del proyecto apenas había solicitado el permiso de ventas y solo se le aprobaría cuando superara unos requerimientos. Pero hay documentos que prueban que las promesas de compraventa y el giro de recursos se empezaron a otorgar desde 2019.

Para el abogado Jhon Morales, defensor de un grupo de afectados, esto revelaría una posible omisión de Alianza al entregar el dinero de la etapa uno al constructor sin esta autorización: “La fiduciaria fue negligente. Ella tiene que verificar y garantizar, en razón a que está administrando dineros del público, que el proyecto tenga viabilidad técnica, jurídica y financiera; pero que, además, previo al desembolso de los recursos, se cumplan no solamente los requisitos del contrato, sino los requisitos que la ley establece”.

SEMANA intentó contactar a la representante legal de Alianza, Catalina Posada, pero no fue posible hasta el cierre de esta edición. El consorcio enfrenta una lluvia de reclamos para que devuelva el dinero que invirtieron sus clientes. La explicación que le brindó a SEMANA, a través del abogado Carlos Eduardo Borrero, es que la iniciativa fue golpeada por la pandemia, el aumento de costos de los materiales, las tasas de interés altas y la desaceleración económica: “Desde el consorcio se están haciendo esfuerzos económicos y administrativos enormes por sacar el proyecto adelante con la ayuda de los consorciados. Esperamos superar la totalidad de los problemas que han acontecido de manera imprevisible y poder continuar con el avance constructivo conservando el valor de los aportes realizados por los clientes y los aportes de los inversionistas desarrolladores del proyecto”.

Sin embargo, los clientes afirmaron que, ante la cascada de cuestionamientos y peticiones, los líderes del consorcio mostraron la disposición de canjear propiedades de las firmas a cambio de subsanar la deuda. Los inmuebles que se ofrecieron están localizados en Bolívar y Santander. De los testimonios escuchados por SEMANA, en ningún caso prosperó la negociación.

Según el abogado Carlos Arturo Pinzón, tampoco se cumplió un acuerdo que uno de sus clientes tramitó con la constructora a cambio de desistir de una demanda interpuesta en la Superintendencia de Industria y Comercio: “Se incumplió a partir del cuarto pago, se habían pactado 12 pagos”.

Mientras los compradores claman por su dinero, denuncian que no tienen comunicación directa con el consorcio, se llenan de deudas y viven atormentados por sus incumplimientos. Corval le anunció a SEMANA que está avanzando en un mecanismo de reorganización empresarial, y los abogados de las potenciales víctimas planean estrategias para hacer justicia.

*Nombres modificados por petición de las fuentes, que no quieren que sus procesos se vean afectados.