Bogotá
Defensoría del Pueblo revive alerta temprana sobre la presencia del ELN en al menos 8 localidades de Bogotá
Aunque las autoridades locales han negado la existencia de este fenómeno, la Defensoría insiste en que hay que activar todos los protocolos de prevención y redoblar la presencia institucional.
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La Defensoría del Pueblo encendió de nuevo las alarmas al ratificar la alerta temprana emitida desde 2021, en la que asegura que una estructura urbana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tendría presencia activa en al menos ocho localidades de Bogotá.
El organismo reiteró la vigencia de la Alerta Temprana 010-21, emitida hace cuatro años, pero que hoy cobra nueva fuerza ante los indicios de expansión de esa guerrilla en zonas periféricas de la capital.
De acuerdo con el informe, el ELN estaría operando en Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Kennedy, Bosa, Fontibón, Engativá y Santa Fe, además de los municipios de Soacha y Sibaté. En esas zonas, la Defensoría ha identificado dinámicas propias de control territorial, extorsión, microtráfico y, en algunos casos, reclutamiento de jóvenes.
La advertencia no surge de una investigación judicial, aclara la entidad, sino del seguimiento a situaciones de riesgo reportadas por las comunidades y organizaciones locales. “El conflicto armado no se ha ido, se ha transformado”, advierte la Defensoría, que ahora pone el foco en el entramado urbano donde confluyen viejas estructuras armadas con nuevas economías ilegales.
Los análisis señalan dos corredores estratégicos que facilitan la movilidad de grupos ilegales: el corredor oriental, que atraviesa los cerros de la ciudad desde Usme hasta Usaquén, y el corredor occidental, que conecta a Bogotá con Soacha y municipios del suroccidente de Cundinamarca. Es en esas rutas donde, según los reportes, se estarían asentando las células del ELN que buscan expandir su influencia en zonas urbanas.
Aunque las autoridades distritales niegan la presencia de informes que confirmen la presencia de grupos armados dentro de la ciudad, la Defensoría les pidió activar con urgencia los comités de prevención y respuesta, reforzar la presencia institucional y garantizar protección a las comunidades más vulnerables.
La alerta, más que una advertencia aislada, dice la Defensoría, refleja cómo la capital enfrenta una nueva problemática que está arraigada en los barrios populares, corredores de movilidad y economías ilegales que han aprendido a camuflarse en la vida cotidiana de Bogotá.
