Consejería para las Víctimas denunció a voceros de la comunidad Emberá en Bogotá que estarían realizando “prácticas extorsivas”

Después de varios meses de alistamiento, ayer, 8 de septiembre, se inició el retorno de más de 600 familias emberá —cerca de 1.800 personas— que se encontraban ubicadas en los asentamientos transitorios de La Rioja, La Florida y en las inmediaciones del Parque Nacional.

Los 16 buses con destino a los departamentos de Risaralda y Chocó salieron sobre las 9:30 de la noche de ayer.

“Bogotá cuenta con cerca de 2.100 personas de la comunidad Emberá y estamos hablando de un retorno de cerca de 1.800 personas. Este es el retorno más grande que se ha hecho en la historia reciente de Bogotá y recoge aprendizajes de procesos anteriores”, destacó Isabelita Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación.

Pese a la labor realizada por la Consejería para las Víctimas y otras entidades del Distrito, un grupo de cien personas no quiso aceptar el retorno. De acuerdo con la información del Distrito, se les habría ofrecido tres opciones para la integración local: reubicación en UPI La Florida, albergues o arriendos. Las tres las rechazaron.

Además de eso, Mercado denunció el ejercicio de prácticas ilegales de algunos de los voceros de la comunidad que decidió quedarse en las inmediaciones del Parque Nacional.

“Los voceros de la población que hoy permanecen en el parque están acudiendo a prácticas extorsivas, persiguiendo fines individuales como dinero en efectivo o contratos. Rechazamos y denunciaremos legalmente estos comportamientos que limitan el acceso a derechos de las víctimas de desplazamiento forzado de la población Emberá”.

Así las cosas, la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, y las secretarías de Gobierno, Integración Social, Salud y Educación de Bogotá acompañaron a más de 200 familias que firmaron su acta de voluntariedad para acceder a las garantías que brinda el Distrito, tanto para el día del traslado como para retomar la vida en territorio.

Por esta razón, se destinaron 1.800 millones de pesos, los cuales se entregarán a través de cinco transferencias monetarias condicionadas a la permanencia en territorio para las familias que acompaña el Distrito, a través de la plataforma Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), y un convenio tripartito entre las secretarías de Integración Social y Hacienda, en conjunto con el Banco Agrario.

“Los dos primeros ciclos se van a pagar mañana y los ciclos 3 y 4, entre enero y mayo. Por otro lado, sobre las denuncias en Fiscalía, radicamos en total como Distrito 13 denuncias que van a seguir bajo responsabilidad de la Fiscalía, que, como todos sabemos, este proceso no tendría por qué detenerse”, indicó Roberto Angulo, secretario de Integración Social.