Concejo de Bogotá le cierra la puerta a nueva Ley de Petro que autoriza las motos eléctricas en las ciclovías de la ciudad

La decisión del presidente Gustavo Petro de sancionar la Ley 2486 de 2025 ha desatado una nueva tormenta política y técnica en el país. La norma, que autoriza la circulación de motos eléctricas de hasta 1.000 W por ciclorrutas sin necesidad de matrícula, placa, licencia ni SOAT, ha sido calificada como un atentado contra la seguridad vial por parte de autoridades locales de todo el país, expertos en movilidad y hasta por su propia ministra de Transporte.

El vicepresidente del Concejo de Bogotá, Juan David Quintero, cuestionó duramente al mandatario al señalar que “prefirió atender acuerdos politiqueros con congresistas como Julio Elías y Ape Cuello, en lugar de escuchar a su ministra María Fernanda Rojas, a los médicos, alcaldes y expertos que advertían del peligro que representa esta ley”.

La Ley 2486 establece que estos vehículos, denominados Vehículos Eléctricos Livianos de Movilidad Personal Urbana (VELMPU), pueden circular hasta a 25 km/h por ciclo-infraestructura y hasta 40 km/h por otras vías, sin ningún tipo de registro oficial ni cobertura de seguros obligatorios. Esto, pese a que la OMS recomienda no superar los 30 km/h en zonas urbanas compartidas por peatones, ciclistas y vehículos.

Pero la polémica no termina allí. El Ministerio de Transporte emitió un concepto técnico fechado el 14 de julio, en el que pidió objetar tres artículos clave de la norma (2, 3 y 15), advirtieron que no se fijó un límite de velocidad para estos vehículos y que se omiten medidas básicas de control y protección al ciudadano, como la matrícula o el SOAT. Aun así, Petro firmó la ley.

“¿Quién responde por la vida de una persona atropellada en una ciclorruta? ¿Quién paga si no hay SOAT?”, se preguntó el concejal Quintero, quien insistió en que la ley pone en riesgo derechos fundamentales como la vida y la integridad física de millones de usuarios del espacio público.

Ahora bien, uno de los puntos más sensibles de esta nueva ley y que también alegó el concejal de Bogotá Emel Rojas, es que la nueva regulación permite que sean niños de entre 12 y 16 años los que conduzcan estos vehículos eléctricos sin la necesidad de ningún tipo de seguro en los carriles de las ciclorrutas.

“Es muy grave lo que acaba de hacer el Gobierno nacional, donde en la práctica autoriza que las motos eléctricas y las patinetas vayan por la ciclorruta. Pero lo peor de esta ley nefasta es que permite, en un párrafo, que, en el caso de menores de entre 12 y 16 años, estos podrán conducir y transitar exclusivamente en cicloinfraestructura. Ahora vamos a tener menores de edad sin SOAT, sin seguro y sin pagar impuestos, en las ciclorrutas, expuestos a un accidente o a que sean ellos los que generen un accidente”, señaló el cabildante Emel.

Pese a las advertencias que se hicieron desde todas las orillas, la ley se firmó, incluso cuando el mismo Ministerio también había propuesto un registro alternativo al RUNT y mecanismos para identificar a los conductores y vehículos involucrados en accidentes, pero la Presidencia optó por omitir estas recomendaciones.

No obstante, hay una ventana jurídica que podría frenar la implementación en la capital. El artículo 3 de la misma ley, en su numeral 6, faculta a las autoridades locales de tránsito a prohibir el tránsito de estos vehículos en ciertas ciclorrutas, por razones de seguridad o diseño.

“Bogotá tiene la oportunidad de expedir una reglamentación precisa que prohíba la circulación de motos eléctricas en las ciclorrutas. Esperamos y no dudamos que así será”, concluyó Quintero, dejando la pelota en la cancha de la alcaldía y del Concejo Distrital.

En ese mismo sentido, desde la Secretaría de Movilidad, encabezada por Claudia Díaz, emitieron un comunicado en el que aseguran que, apelando a la discrecionalidad que la misma nueva ley le confiere a los entes territoriales, en Bogotá se seguirá aplicando la regulación nacional que prohíbe la circulación de ciclomotores por la cicloinfraestructura hasta que sea el Ministerio de Transporte el que regule la nueva ley.

“El equipo técnico de la SDM estará dispuesto para trabajar articuladamente con el Ministerio de Transporte en la formulación de una reglamentación clara y rigurosa para la seguridad vial de todas las personas y protección de las ciclorrutas”, señalaron en el comunicado oficial.

Por otro lado, desde esa misma entidad se confirmó que, como la nueva Ley lo permite, “la SDM tiene la potestad para establecer tramos de la ciclorruta donde se prohíbe la circulación de los vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana, como ya lo está haciendo en 108 puntos críticos de 14 localidades de Bogotá”.