Bogotá
Concejal de Bogotá denunció millonario sobrecosto en la compra de 5 motos de policía en la alcaldía local de Chapinero: entes de control investigan
El caso está en etapa de averiguaciones para determinar si hay lugar a la apertura de una indagación o investigación formal.

La falta de equipamientos para la Policía Metropolitana de Bogotá es quizás uno de los temas que más se repite cuando se trata de justificar los ajustados resultados en materia seguridad de la ciudad.
Le exigimos a la Personería de Bogotá investigar inmediatamente a la alcaldesa local de Chapinero que compró motos de policía con sobrecostos millonarios.
— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) August 6, 2025
Una moto que se compró a 52 millones en Barrios Unidos en Chapinero la compraron en 93 millones.
¿Dónde está la plata? pic.twitter.com/cNATblsmsP
Desde las alcaldías locales se asigna un presupuesto para la compra de instrumentos que faciliten la labor de los uniformados y es justamente una supuesta mala inversión de ese dinero lo que tiene, en este momento, en el ojo del huracán a la alcaldía local de Chapinero.
De acuerdo con Daniel Briceño, concejal del Centro Democrático, en la alcaldía de esa localidad se habrían gastado cerca de 500 millones de pesos para comprar cinco motos para la policía.
Aunque en un principio no parece una cifra alarmante, lo cierto es que es muy preocupante, toda vez que ese dinero corresponde al 70 % de todo el presupuesto de la entidad para el año y, lo que es aún peor, esas mismas motocicletas también fueron adquiridas por otras localidades como Barrios Unidos y Suba a un valor menor: 40 millones de pesos más baratas. La empresa proveedora fue la misma en los tres contratos.
El concejal Briceño, acompañado por el edil Nicolás Velasco y la edilesa Mariapaz Buitrago, de esa misma localidad, pusieron en evidencia una posible irregularidad en la compra de las motos. Para entender el caso, es necesario revisar las cifras y compararlas con la compra de las mismas motos en otras administraciones locales e, incluso, la Secretaría de Seguridad.
GRAVE DENUNCIA🚨 @AlcaldChapinero se gastó el 70% del presupuesto de seguridad del 2025, casi 500 millones,en SOLO 5 motos para la policía. Mientras la gente en chapinero vive con miedo, la alcaldia derrocha la poquita plata que tenemos en la localidad.. abro 🧵 pic.twitter.com/74AMoZiiKx
— Mariapaz Buitrago (@MariapazBuitra2) August 5, 2025
Según los documentos aportados a SEMANA por el concejal, Chapinero habría pagado 93,4 millones de pesos por cada una de las motos. La cifra contrasta drásticamente con el valor por el que otras alcaldías, como Suba y Barrios Unidos, adquirieron el mismo modelo: alrededor de 53 millones por unidad en Suba y 46 millones en Barrios Unidos.
La diferencia, que ronda los 40 millones por motocicleta, fue calificada como escandalosa por los denunciantes, quienes solicitaron una pronta actuación de los entes de control. “No estamos hablando de motos de lujo ni de tecnología de punta. Son las mismas motos, del mismo proveedor, pero a precios radicalmente distintos”, señaló Velasco.

De hecho, el proveedor involucrado es la empresa Creymotos, que también ha vendido a otras alcaldías distritales, incluida la Secretaría de Seguridad, a precios mucho menores. Para Briceño, esto agudiza las sospechas: “¿Cómo es posible que la misma compañía venda el mismo vehículo con una diferencia de casi 40 millones de pesos? ¿A dónde fue a parar esa plata?”, cuestionó.
El contrato, por 476 millones en total, se habría adjudicado mediante una subasta pública que finalmente solo permitió comprar cinco unidades. Briceño también comentó sobre el elevado valor: “Con 92 millones de pesos cualquiera se compra una Ducati, no una moto para patrullaje”.

En la grabación divulgada por redes sociales, los tres representantes del Centro Democrático exigen que la Contraloría y la Personería de Bogotá abran investigaciones inmediatas. Argumentan que el caso no solo compromete la transparencia de la administración local de Chapinero, sino que también representa un golpe a la confianza de los ciudadanos sobre el uso del dinero público.