Bogotá
Alcaldía de Bogotá denunció ante la Fiscalía a líder emberá por presuntos hechos de extorsión y constreñimiento en el Parque Nacional
Al parecer, el hombre le habría pedido 25 millones de pesos a los funcionarios de la Alcaldía para acceder a desocupar las instalaciones del parque. Además, se le acusa de retener a menores de edad.
La Secretaría Distrital de Integración Social y la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en contra de Fernando Manugama Sintua, vocero de la comunidad indígena Emberá Katío asentada en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, por los presuntos delitos de extorsión, constreñimiento ilegal y obstrucción a la función pública, contemplados en los artículos 244, 182 y 429D del Código Penal.
Los hechos se enmarcan en el proceso de retorno voluntario de esta población a sus territorios de origen, liderado por el Distrito Capital en coordinación con la Unidad de Víctimas, la Personería y otras entidades.
Según la denuncia, el pasado 5 de septiembre, durante una jornada de diálogo en el parque, Manugama exigió la entrega de 25 millones de pesos a su nombre como condición para permitir el retorno de la comunidad, bajo advertencia de que, de no cumplirse, continuarían ocupando el espacio público.
La situación se agravó el 8 de septiembre, día programado para la movilización hacia el Chocó. De acuerdo con el documento, el vocero impidió el ingreso de funcionarios distritales al asentamiento y bloqueó el acceso de al menos 80 niños, niñas y adolescentes a servicios educativos y sociales, privándolos de atención en colegios y Centros Amar.
Para las autoridades distritales, esta conducta constituye una afectación directa a derechos fundamentales de la niñez.
La denuncia se sustenta en testimonios de funcionarios que participaron en las jornadas y solicita la práctica de pruebas, incluyendo inspección judicial en el lugar de los hechos. Los denunciantes advierten que actuaron en cumplimiento del deber legal de informar a la autoridad competente, establecido en los artículos 67, 68 y 69 del Código Penal, y bajo la gravedad de juramento.
De confirmarse los hechos, Manugama podría enfrentar sanciones que van desde 16 meses de prisión por constreñimiento ilegal hasta 24 años por extorsión, además de las penas correspondientes por obstrucción a la función pública.
La Fiscalía deberá valorar los elementos materiales probatorios y decidir si procede con la apertura de investigación formal. Entre tanto, más de 500 miembros de la comunidad emberá salieron del Parque Nacional hacia sus territorios, mientras que otros cien de estos permanecen en las inmediaciones del parque a la espera de una salida institucional que garantice el respeto a sus derechos.
