Bogotá
Alcalde Carlos Fernando Galán pidió la renuncia protocolaria de los 20 alcaldes locales
Varias administraciones locales están en la lupa de la Contraloría por cuenta de presuntas irregularidades en la contratación. La administración Galán hará movimientos.
En la mañana de este jueves 28 de agosto se conoció que el alcalde Carlos Fernando Galán y el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, pidieron la renuncia protocolaria de todos los alcaldes locales.
Este hecho se da justo una semana antes de que la Contraloría de Bogotá emita un informe sobre un listado de hallazgos relacionados con presuntas irregularidades en los procesos de contrataciones que se han adelantado dentro de las administraciones locales.
Mediante su cuenta de X, el secretario de Gobierno, lo confirmó: “Por instrucción del Alcalde Mayor pedimos la renuncia protocolaria a las alcaldesas y alcaldes locales. La evaluación permanente es uno de nuestros principios de gerencia pública. Hemos avanzado, sin embargo el seguimiento y la exigencia serán cada día más rigurosos. Las alcaldías locales deben gobernar lo cotidiano de manera transparente, eficiente y con resultados”.
Por instrucción del Alcalde Mayor @CarlosFGalan pedimos la renuncia protocolaria a las alcaldesas y alcaldes locales. La evaluación permanente es uno de nuestros principios de gerencia pública.
— Gustavo Quintero Ardila (@GAquinteroA) August 28, 2025
Hemos avanzado, sin embargo el seguimiento y la exigencia serán cada día más…
El Concejo de Bogotá también había hecho la advertencia sobre la delicada situación en algunas de las alcaldías locales. Incluso, hay dos de esas vacantes que todavía no se han completado a satisfacción.
Las denuncias más recientes han recaído sobre la alcaldía local de Chapinero. Según los ediles de esa localidad y los concejales del Centro Democrático se estaría celebrando contratos de forma indebida y con sobrecostos innecesarios.
Entre las denuncias elevadas por los cabildantes están las de las cinco motos para la policía de Bogotá, que registraron un sobrecosto de hasta 50 millones de pesos y, también, la compra de paquetes de billetes didácticos que costaban cerca de 450.000 pesos cada uno.