Nación
Acción popular busca frenar contrato del Vive Claro de Bogotá
La medida fue radicada ante un juzgado administrativo de Bogotá.
Se radicó una acción popular ante un juzgado administrativo de Bogotá para que frene el contrato que suscribió la Beneficencia de Cundinamarca y la empresa Ocesa Colombia S. A. S. para darle forma al proyecto Vive Claro.
La versión de los ciudadanos es que en 2023 se suscribió un acuerdo mediante el cual se entregaron en arrendamiento los lotes 15 y 16 del Parque Metropolitano Simón Bolívar para la construcción y explotación de este escenario.
En efecto, el pedido de la concejal Quena María Ribadeneira y la edilesa Mónica Naar es que las autoridades judiciales pongan la lupa sobre esta iniciativa y determinen la manera en la que se gestionó dicho contrato.
Su teoría es que “las leyes no permiten que se entreguen bienes del Estado para que se realice en ellos una explotación económica de manera directa, sino a través de un proceso licitatorio mediante concesión una asociación público–privada”.
Lo más leído
Para la concejal, las posibles irregularidades de esta negociación habrían comenzado desde su propia concepción, pues las condiciones del predio y el monto establecido impedían tramitar la iniciativa por esos medios.
“Era imposible hacer este negocio en la forma como la Beneficencia y Ocesa lo hicieron, saltándose todas las leyes y procesos de contratación estatal, eludiendo los procedimientos de licitación y selección objetiva”, dijo la corporada.
Ella manifestó que el contrato celebrado habría permitido a Ocesa hacer uso exclusivo de más de 249.000 metros cuadrados de espacio público durante cinco años, con derecho a realizar espectáculos masivos, subarrendar y construir.
Al parecer, todo eso, a cambio de 361 millones de pesos sin aparente participación en ingresos ni incentivos de desempeño. En consecuencia, “este contrato viola flagrantemente derechos colectivos fundamentales”, se lee en la acción.
El otro argumento es que habría sido adjudicado de manera directa con base en un concepto jurídico solicitado por la Gobernación, sin posibles estudios técnicos independientes ni apertura al mercado, restringiendo la participación de oferentes.
“Estamos a favor de que existan escenarios para el disfrute de los ciudadanos y que estos contribuyan en la generación de impactos económicos positivos para la ciudad, pero lo que no podemos permitir es que, para lograrlo, se salten todos los procedimientos legales establecidos, que lo que buscan justamente es dar transparencia a las actuaciones entre públicos y privados”, expresó la edilesa.
