Exclusivo: el Gobierno Petro también pretende llevar a tarima a alias Castor y Digno Palomino, los capos más temidos de Barranquilla. Esta es la historia

La llamada paz total del presidente Gustavo Petro sigue causando malestar en las regiones de Colombia y en el Caribe no ha sido la excepción. SEMANA conoció en primicia que en los próximos meses, antes de que se acabe el “mandato del cambio”, Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, máximo jefe de los Costeños o del bloque Resistencia Caribe, y Digno José Palomino Rodríguez, de los Pepes, podrían estar de regreso en Barranquilla liderando mesas de diálogos en el marco de la política bandera del Gobierno.

Detrás de estos diálogos con el Gobierno nacional hay abogados que se encuentran en reuniones con el fin de poder cumplir su misión: sacar libres o, en su defecto, darles grandes beneficios a estos dos peligrosos cabecillas de las bandas criminales más fuertes en Barranquilla y el Atlántico.

Aunque no existe una fecha estimada para un evento público como el que ocurrió hace unos días en Medellín, SEMANA conoció que, al parecer, hay la intención de replicarlo en la capital del Atlántico con las dos cabezas visibles de estas organizaciones ilegales que tienen en jaque la seguridad en Barranquilla.

Además, se conoció que hubo por lo menos un encuentro en la Arenosa mediado por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y en el que participó la Iglesia católica, el Distrito y varios abogados, entre otras personas que están dialogando para encontrarle una salida a la guerra urbana.

“En Barranquilla han disminuido los homicidios por la tregua que hay entre la banda de los Pepes y los Costeños, porque quieren llegar a dialogar con el Gobierno de Gustavo Petro”, dijo una fuente consultada que ha seguido de cerca las supuestas intenciones de hacer la paz.

Extraoficialmente, SEMANA conoció que la administración de Alejandro Char no va a propiciar ningún tipo de diálogos que incluyan a bandas criminales. En caso de que estos ocurran por iniciativa del Gobierno Petro, la administración distrital pedirá garantías necesarias para que no haya picos de violencia en la ciudad.

Nada es nuevo. Petro, en medio del primer cabildo popular realizado en el Paseo Bolívar de Barranquilla el pasado 20 de mayo, entregó unas declaraciones escuetas, pero que provocaron gran expectativa: “Voy a iniciar un diálogo de conversaciones del Gobierno con las bandas juveniles de Barranquilla. Queremos reunirlos, queremos que hagan la paz, que no ataquen a su vecino, que no ataquen al otro joven, que les dejen de prestar servicios al traqueto y al político que van de la mano”.

¿Quiénes son?

Digno José Palomino Rodríguez, alias Digno, Sebas o el Viejo, es el máximo cabecilla de la banda los Pepes, con injerencia en Soledad, Malambo y varias zonas de Barranquilla. Creció en el barrio Barlovento, en la capital del Atlántico, de donde fue reclutado por los hermanos Borré Barreto para liderar acciones ilegales, como robos y tráfico de drogas, entre otros. De acuerdo con la Fiscalía, sería responsable de por lo menos 17 casos de homicidio en el Atlántico, pero también le atribuyen concierto para delinquir y porte y tráfico de armas entre julio de 2022 y julio de 2023.

Su poder criminal, de acuerdo con fuentes de la Policía de Barranquilla, surgió por las extorsiones que este sujeto, presuntamente, en compañía de otros hombres les realizaban a comerciantes y otros integrantes del sector productivo del Atlántico, al igual que por la venta de estupefacientes.

“Alias Sebas lo que dice desde la cárcel es que está supuestamente retirado de las acciones ilícitas que están ocurriendo en Barranquilla y el Atlántico, pero la información que tenemos es todo lo contrario. Estamos trabajando con el fin de poder seguir probando su participación en cada uno de los casos en los que lo tenemos con algún tipo de nexos”, dijo un investigador de la Policía de Barranquilla consultado por SEMANA.

Alias Digno Palomino se encuentra en la cárcel de La Dorada, Caldas, donde en los últimos días protagonizó una riña y fue herido. Al parecer, se enfrentó a varios integrantes de los Costeños y lo lesionaron. Palomino Rodríguez llegó a Colombia deportado desde Venezuela en agosto de 2022 tras ser capturado en diciembre de 2019 por las autoridades del vecino país.

Entre tanto, Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, es el jefe de los Costeños o del bloque Resistencia Caribe que delinque en Barranquilla, Atlántico y sur de Bolívar. Este sujeto es acusado por las autoridades judiciales de haber participado, supuestamente, en por lo menos 100 casos de homicidios y al menos 10 masacres.

Al mismo tiempo, lo responsabilizan de comandar a los más peligrosos sicarios en el Caribe colombiano para los asesinatos selectivos y también temas que tienen que ver, presuntamente, con narcotráfico.

La Fiscalía le lleva al menos 46 procesos por delitos como homicidio, concierto para delinquir y porte de armas. La deportación de alias Castor se registró el martes 4 de abril de 2023. Fue entregado en el puente internacional Atanasio Girardot, en Cúcuta, luego de estar preso en Caracas desde mayo de 2019.

En los casos de homicidios de los que lo responsabilizan las autoridades judiciales en Barranquilla y el Atlántico, se encuentran varias personas que fueron desmembradas y cuyos cuerpos aparecieron en diferentes sectores, lo que causó terror entre la ciudadanía.

En conversación con SEMANA, Luis Fernando Trejos, experto en temas de conflicto y profesor de la Universidad del Norte, explicó que más allá de la paz, en caso de que esto llegara a ocurrir en la capital del Atlántico, tendría un trasfondo político para las elecciones de 2026.

“Que los nombren gestores de paz no altera en nada la dinámica de la violencia”, afirmó el docente. Al mismo tiempo, no descartó que estas personas pidan su transferencia hacia centros carcelarios en Barranquilla para tener mayor control de los integrantes de sus organizaciones ilegales.

“Lo que sí podría suceder eventualmente es que ellos pidan ser trasladados a Barranquilla para poder generar mayor incidencia sobre la organización criminal, porque los miembros de los grupos que ellos dirigen están en Barranquilla”, afirmó. De igual manera, el académico indicó que, aun cuando la estrategia busca impactos visibles, los beneficios jurídicos son inciertos en este tipo de procesos.

“Las mesas de diálogo sociojurídico no tienen ningún marco normativo que las respalde”. Trejos precisó que no son descartables los fines políticos inmediatos en medio de la estrategia del Gobierno Petro al promover este tipo de espacios en las zonas donde es muy débil políticamente.

“No sería descabellado que el Gobierno nacional quiera darle un golpe político a la casa Char instalando esta mesa, así como está usando la mesa de Medellín para atacar a Federico Gutiérrez”, agregó. En esa misma línea, sostuvo que lo que buscarían sería un doble propósito: bajar el homicidio en medio de un año electoral y acaparar los réditos políticos.

“No sería impensable que estas mesas, eventualmente, se abran hacia finales del segundo semestre o primer semestre del otro año, empiecen a mostrar un resultado positivo y esa victoria trate de reclamarla el Gobierno nacional para sí”, concluyó.