Víctimas de las Farc denuncian que la JEP los citó a una “preparación obligatoria” de la audiencia donde se conocerán primeras condenas por secuestro. ¿Evento libreteado?

“Preparación obligatoria”. De esta forma, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a las víctimas del llamado macrocaso 01, secuestros de las Farc, a una extraña diligencia de “preparación” de cara a la audiencia de este 31 de julio, en la que, se supone, se conocerán las primeras decisiones de esta jurisdicción luego de casi diez años de funcionamiento.

La JEP redactó un documento, el Auto 014-2025, en el que advierte a las víctimas y sus representantes que tienen que asistir a un “encuentro técnico preparatorio obligatorio” un día antes de la audiencia. La invitación la extendieron a algunas entidades y con una particular recomendación.

“Esto con el propósito de concertar la metodología y objeto de su intervención, con miras a la realización de los fines del proceso transicional sancionatorio de reconocimiento de verdad y de responsabilidad”, señala el auto de la JEP.

El documento, firmado por el magistrado Camilo Andrés Suárez, de la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, anticipa que las víctimas o sus representantes tienen que asistir, de forma obligatoria, a preparar la audiencia de verificación en el caso que la JEP bautizó: toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc-EP.

“Se estableció una estrategia de participación que permitió a las víctimas y sus abogados involucrarse en espacios dialógicos, restaurativos y encuentros con diferentes instancias de la JEP y este despacho a fin de seleccionar vocerías, de manera concertada e implementada por los representantes judiciales, así como adelantar un proceso preparatorio”, señala la JEP.

Son justamente las víctimas quienes denuncian que esas convocatorias “obligatorias” y fijadas para “preparar” a los participantes antes de la audiencia de verificación no tienen sustento legal y van contra el derecho de contradicción que tienen las partes en una diligencia judicial.

“Lo que llama la atención de ese auto es que establece un encuentro previo obligatorio a la realización de la audiencia. Esos encuentros no están reglados dentro del marco normativo de la JEP ni de la ley estatutaria. Entonces, resulta absurdo e ilógico que obliguen a asistir a un encuentro previo a una audiencia sin definir el fin de ese encuentro”, dijo el abogado Juan Camilo Sanclemente tras recibir esa citación.

En el documento, la JEP parece contradecirse, pues, mientras que advierten que el encuentro previo es obligatorio, explican que en “esencia” es voluntario, como otros que tenían, por ejemplo, actos de reconocimiento de los responsables y comparecientes de las Farc. El problema, según las víctimas, es que ahora esperan “preparar” la audiencia.

“Aunque los espacios restaurativos de participación dispuestos en la referida providencia son esencialmente voluntarios, resulta imperativo para este Tribunal adelantar una preparación técnica para garantizar el normal y adecuado desarrollo de la diligencia y, de esa forma, asegurar el cumplimiento de su objeto conforme a los fines de la justicia transicional”, indica el documento de la JEP con la citación para la diligencia de verificación de la próxima semana.

Para las víctimas, con este auto la JEP espera redactar un guion y asignar un papel para cada participante. La diligencia, que arranca con duros cuestionamientos y desconoce o inventa procedimientos, deja muchas dudas en las víctimas, las mismas que a lo largo de este proceso denunciaron cómo la jurisdicción se esforzó por ofrecer los mejores asientos a los integrantes de las Farc.

“Esto es algo que va en contravía del eje central de la audiencia. Es importante señalar que las audiencias no se preparan con las partes. Eso no se hace previamente, porque pierde el enfoque de la audiencia. Segundo, porque no hay una norma que establezca que se deban hacer las audiencias preparadas”, señaló el abogado que representa a Sigifredo López, exdiputado del Valle, secuestrado por las Farc.

Una cita para preparar la audiencia, concertar las intervenciones y definir metodologías no es otra cosa, según las víctimas, que un disfraz para anticiparse a la posición de los participantes y limitar la actuación de quienes son convocados. “Esperan saber cómo se van a comportar y lo que van a decir una vez se conozcan las decisiones de la JEP en el caso de secuestros”, dicen las víctimas.

Los abogados de víctimas se cuestionan por qué la JEP se arriesga a convocar encuentros para preparar audiencias y qué ocurre en caso de que se nieguen a asistir a esos encuentros. Algunos advierten que pueden llegar sanciones, como excluirlos de las audiencias y así evitar que se cuestionen las decisiones de la jurisdicción.

“¿Qué sucede si un abogado no va a un encuentro preparatorio? ¿Será que no lo van a dejar participar en las audiencias? Eso afectaría el derecho de defensa y contradicción de las víctimas, para que puedan participar y ejercer su defensa a través del abogado”, señalaron los abogados de víctimas de secuestros a cargo de las Farc.

Son los convocados a esta audiencia de verificación los que les piden a la JEP y a la Procuraduría revisar estas órdenes, que, en últimas, son directrices por fuera de la normativa de la propia jurisdicción. “Preparar” audiencias judiciales es algo que resulta extraño y que atenta contra el debido proceso.

Sombra de impunidad

Mientras la JEP redactaba el documento para “preparar” a las víctimas antes de la audiencia de verificación, la fiscal Luz Adriana Camargo escribió una propia carta en la que advirtió cómo, de la totalidad de los procesos entregados a esa jurisdicción hace más de siete años y condensados en 17 informes, solo se investigó una pequeña parte.

La preocupación de la Fiscalía sobre la efectividad de la JEP, con el cúmulo de casos que compartió el ente acusador y que enredan a quienes tienen el rótulo de comparecientes, algunos en el Congreso, está en las cifras de esa jurisdicción. Fueron más de 223.000 hechos, con 280.471 indiciados y 196.768 víctimas, pero no todo se investigó.

La fiscal Camargo aseguró que, del universo de casos compartidos, la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas apenas ha tomado decisiones en una “pequeña porción”. Así las cosas, dejó por fuera conductas y crímenes que debieron ser objeto de investigación y reconocimiento de esa jurisdicción y los responsables.

“Para la Fiscalía General de la Nación resulta preocupante que las decisiones que ha adoptado la SRVR no incluyan la totalidad de las investigaciones relacionadas con el fenómeno delictivo que abarca el macrocaso, ni la totalidad de indiciados o vinculados con su comisión, lo cual deja a esas actuaciones sin un cierre judicial y en indefinición la situación jurídica de los procesados”, explicó la fiscal.

Mientras la Fiscalía rajó en ejecución a la JEP, y sus magistrados convocan a las víctimas a “preparar” las audiencias, la antesala a esa diligencia, quizá la más importante desde la creación de la jurisdicción para la paz, parece empañarse por lo que desde hace años le han reclamado a la JEP: justicia y reparación.