Valle del Cauca
Víctimas de biopolímeros tendrán atención garantizada en salud: senador Motoa anuncia avances en implementación de ley
“Ahora hay herramientas claras para vigilar, atender a las víctimas y sancionar a los responsables”, dijo el congresista.
El senador Carlos Fernando Motoa reveló los avances en la aplicación de la Ley 2316 de 2023, que busca proteger a las víctimas de biopolímeros y sustancias modelantes no autorizadas. Tras una respuesta del Ministerio de Salud a un derecho de petición, se confirmó que ahora los afectados —más del 80 % mujeres— tendrán acceso a diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y retiro de estas sustancias bajo el Plan de Beneficios en Salud (categoría CUPS 8610).
Cinco medidas clave en marcha
- Listado oficial de sustancias permitidas: el Invima publicó y actualiza periódicamente un registro de sustancias modelantes autorizadas, disponible en su página web.
- Control de ventas: el Decreto 545 de 2024 reglamentó un sistema de trazabilidad para comercializadores, con reportes obligatorios en la plataforma del Invima.
- Cobertura en salud: los procedimientos médicos relacionados con biopolímeros ilegales ya están incluidos en el POS.
- Profesionales e instituciones autorizadas: el Ministerio de Salud publicó listados de profesionales y clínicas certificados.
- Canales de denuncia: se habilitaron enlaces para reportar publicidad engañosa ante la SIC y la SuperSalud.
Motoa destacó que estas acciones —sumadas al tipo penal creado por la ley (artículo 116B del Código Penal)— permitirán combatir el mercado ilegal de biopolímeros. “Ahora hay herramientas claras para vigilar, atender a las víctimas y sancionar a los responsables”, afirmó.
La ley surgió ante el aumento de casos de mujeres con secuelas graves por sustancias adulteradas, muchas vendidas en clínicas no autorizadas. Según cifras de la Fiscalía, en 2024 se investigaron más de 120 casos relacionados.
Consejo para ciudadanos
- Antes de un procedimiento estético, verifique que la sustancia esté en el listado del Invima y que el profesional sea autorizado.
- Si es víctima, acceda a tratamiento gratuito y denuncie ante la Fiscalía.
El Ministerio de Salud deberá presentar en junio un informe sobre la reducción de casos tras la implementación.
