Ultimátum a MinInterior por abandonar a indígenas en una casa del centro de Bogotá

La Fundación Predicadores de la Misericordia creyó en la promesa de algunos funcionarios del Ministerio del Interior, tras rescatar a 170 mujeres y niños que estaban bajo amenaza de una violación masiva a manos de otra comunidad indígena en el centro La Rioja. El Ministerio prometió ayudas y reubicación, pero no cumplió.

La fundación que recibió a los indígenas alquiló un segundo piso en el centro de Bogotá y desde hace un año deben los arriendos, además de proveedores para cubrir las necesidades de alimentación y salud. Los gastos sumaron más de 700 millones de pesos, que supuestamente debería asumir el Estado a través del MinInterior. Nuevamente incumplieron.

Los indígenas acudieron a la acción de tutela y un juzgado negó las pretensiones, que incluían obtener el pago de las deudas adquiridas por la fundación. Sin embargo, ahora el Tribunal de Bogotá es quien sale en rescate de los indígenas y le ordena al Ministerio del Interior y otras entidades asumir su responsabilidad con los indígenas.

“Tribunal adicionará la sentencia impugnada, en el sentido de ordenar al Ministerio del Interior, a la UARIV a través del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) y a la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá que, de manera armónica, en el marco de sus competencias fijadas”, señaló el Tribunal en su decisión.

Adicionalmente, el Tribunal le da un ultimátum a las entidades para que atiendan las necesidades básicas de los indígenas alojados en la Fundación Predicadores de la Misericordia y entiendan que es responsabilidad del Estado asumir los compromisos que, de manera constitucional, tienen con las mujeres y niños de estas comunidades.

“Dentro de un plazo no mayor a seis (6) meses, contados a partir del día siguiente a la notificación de esta sentencia, adelanten las actuaciones de rigor con el propósito de brindar atención integral a la referida población en sus componentes de atención humanitaria (alimentación y alojamiento), etnoeducación, retorno y reubicación”, explicó el Tribunal.

El representante legal de la fundación, el padre Michael, le hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que entienda la urgencia que tienen los indígenas y cómo la fundación no puede continuar asumiendo una responsabilidad que es enteramente del Estado y de él, como jefe de Estado.

“Desde mi labor como sacerdote, desde mi labor como evangelizador, hoy me siento abandonado y ciertamente casi en la calle, porque no hemos podido garantizar todo lo que merecen los indígenas, porque no hemos tenido ningún apoyo de ninguna institución”, dijo el padre Michael Daniel Cuevas, cabeza de la fundación, mientras hace plegarias por la ayuda que requieren los indígenas.

Así las cosas, el Ministerio del Interior y las otras entidades tienen seis meses para garantizar la manutención y reubicación de los indígenas que permanecen asignados en el segundo piso de una casa en el centro de Bogotá.