Tribunal ordenó la libertad inmediata de la exfiscal antimafia, Ana Catalina Noguera

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata de la exdirectora de finanzas criminales de la Fiscalía General, Ana Catalina Noguera Toro.

En la decisión judicial, la Sala se abstuvo de hacer un pronunciamiento frente al recurso de apelación contra la condena emitida el 9 de octubre de 2024, al concluir que la exfiscal cumplió las tres quintas partes de la sentencia de 38 meses.

Es decir, que por pena cumplida de los delitos de fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones, se emitió su boleta de libertad. “Acreditó el cumplimiento cabal de la pena”, señala uno de los apartes de la decisión de seis páginas.

“La acusada permanece privada de la libertad desde el 16 de febrero de 2023, por lo cual a la fecha ha acreditado 33 meses 18 días por descuento físico”, indicó la Sala al avalar la ponencia de la magistrada Catalina Guerrero Rosas.

Tras revisar los informes penitenciarios, se determinó que por labores de estudio y trabajo la exfiscal logró una redención de siete meses y cuatro días.

“En ese contexto, a la fecha la acusada acreditó el cumplimiento cabal de la pena fijada en segunda instancia, proferida y aprobada el 26 de noviembre de 2025, por lo cual resulta acorde con la garantía de libertad restablecer su derecho de manera inmediata, para lo cual se librará la correspondiente boleta”, enfatizó el Tribunal.

En febrero de 2023, en medio de la imputación de cargos, la exfiscal Toro Noguera reconoció ante un juez de control de garantías su responsabilidad directa en los delitos de violación ilícita de comunicaciones, violación a datos personales y fraude procesal. Por medio de su defensa, la exfuncionaria anunció que entregaría información frente a estos hechos de corrupción y la conformación de una organización criminal junto a narcotraficantes y agentes de inteligencia de la Policía.

En la investigación liderada por el fiscal Mario Burgos se reveló que, utilizando su cargo e influencias, la entonces fiscal ejerció presiones para obtener información privilegiada de procesos contra narcotraficantes. Así como para interceptar la línea telefónica de su excompañero sentimental pese a que no estaba inmerso en ninguna investigación.

“Obtienen de manera fraudulenta el número e indujeron a error a dos fiscales adscritos a la unidad contra el narcotráfico de la Fiscalía. Sin su participación directa, esto no hubiese podido llegar a su resultado final. Por eso es que hoy, y de acuerdo con los elementos materiales probatorios que vamos a poner a consideración, les decimos que usted, Ramón Esteban Peña Martínez, es el autor del delito de concierto para delinquir agravado en calidad de cabecilla”, dijo el fiscal Mario Burgos en su momento.

Tras 15 días, el investigador de la Dijín informó que no había encontrado ninguna anomalía, solamente comunicaciones personales y familiares. No contenta con esta respuesta, pidió interceptar la otra línea telefónica de la tercera persona involucrada, es decir, la de su exnovio. “Fue usted, señora Catalina, la que solicitó interceptar el número del señor Víctor Rojas y en los chats se establecen temas absolutamente personales entre los interceptados, de la familia de las víctimas interceptadas en sus comunicaciones (…)”.

“Ahora que se conocen los hechos jurídicamente relevantes, queda claro que actuó casi que a título personal con relación a esas conductas que desarrolló de interceptación ilegal sobre un teléfono celular. (…) Es claro que la motivación no fue de carácter funcional, sino personalísima, emocional y sentimental, que en ninguna manera tenía relación con la función”, aclaró el fiscal Burgos en esa diligencia judicial.