Tribunal cerró proceso contra fiscal acusada de entregar tarde escrito de acusación a implicados en “chuzadas” a Marelbys Meza

Dos meses después de la petición de la Fiscalía General la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá cerró la investigación que se adelantaba en contra de la fiscal delegada del CTI de Bogotá, Ángela María Santana Toro, señalada por haber dejado vencer los términos en los procesos que se adelantaban contra un agente de la Dijín y una fuente humana en los hechos que rodearon las “chuzadas” a Marelbys Meza y Fabiola Perea.

La Sala avaló los argumentos presentados en los que se señalaba que se había presentado un “error” por parte de la fiscal Santana Toro. “Lo que se acredita en este caso es que actuó bajo una errada convicción de que el término para presentar dicho escrito fenecía en una fecha posterior”, señaló en junio pasado la fiscal para pedir la preclusión de este expediente.

En resumidas cuentas, el vencimiento de términos no fue de adrede, sino que se debió a muchos factores, entre estos, la carga laboral de la fiscal Santana y el hecho de que no estaba familiarizada con los diferentes cronogramas que se manejan en este tipo de casos.

“Hubo mucho estrés debido a esa delicada situación, porque era un asunto, como el que manejaban, de connotación nacional y eso causó gran aflicción en la funcionaria, es decir, la doctora Santana”, relató la fiscal, al citar la declaración del asistente del despacho. “Descartó cualquier actuar doloso o con visos de corrupción por parte de esta funcionaria”, se aseveraba en la petición de preclusión que fue revelada en primicia por SEMANA.

Tras evaluar el caso, la Sala determinó que existe un sustento para “decretar la preclusión” de este caso “por atipicidad del hecho investigado en favor de la doctora Ángela María Santana Toro”. Por esto, se dispuso el “archivo del expediente y la eliminación de todas las anotaciones y registros que se hayan realizado en contra de la procesada por los hechos investigados en este proceso”.

En el análisis del caso, la Sala concluyó que quedó plenamente demostrado que se trató de un “error” de la fiscal que había asumido sobre la marcha el caso de las “chuzadas” a Marelbys Meza y Fabiola Perea, quienes para enero de 2023 laboraban en la residencia de la entonces jefa del Gabinete, Laura Sarabia.

“Considera la Sala que a lo sumo, el reproche que aquí podemos hacer, desde los aspectos éticos sociales, es la falta de la diligencia debida, que la ubica en el campo de la culpa, por no haber obrado bajo el deber de cuidado, que se exige a un fiscal delegado en un asunto penal”, resalta el fallo que fue emitido en las últimas horas.

En este sentido, se considera que no se puede hablar de un prevaricato por omisión, puesto que no cumple con lo que se indica en la legislación colombiana. “Resulta equivocado activar el aparato judicial cuando la conducta claramente deviene atípica en su aspecto subjetivo”.

A modo de contexto, el agente de la Dijín, Alexander Gómez Bustamante y la fuente humana, Rafael Ricardo Santos Fuentes ya reconocieron su participación en la falsificación de un documento que llevó a que se interceptaran los abonados telefónicos de Marelbys Meza y Fabiola Perea en el marco de una investigación contra un comandante del Clan del Golfo.

Con esta acción se buscaba obtener información sobre la maleta con documentos reservados y dinero en efectivo que desapareció del apartamento de Laura Sarabia y que, al sol de hoy, no ha vuelto a aparecer. Igualmente, se desconoce el motivo por el cual ese elemento se encontraba en la residencia de la funcionaria que hace poco fue designada como Embajadora de Colombia en el Reino Unido.