Tribunal avaló petición de la Cancillería y Thomas Greg para prorrogar la suspensión del estudio de la millonaria demanda contra la Nación

Este jueves, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca avaló la petición presentada conjuntamente por la Cancillería y la multinacional Thomas Greg and Sons para que se ampliara el plazo de la reanudación del estudio de la millonaria demanda contra la Nación.

La magistrada ponente, Bertha Lucy Ceballos Posada decretó la suspensión del proceso “desde el 23 de enero y hasta el 4 de febrero de 2025″.

De no presentarse otra petición, el despacho entrará a emitir el fallo en esta demanda, en la cual Thomas Greg pide una reparación de 117 mil millones de pesos por los daños y perjuicios causados por la decisión de la Cancillería de declarar desierto el proceso licitatorio para el contrato de emisión de visas y pasaportes.

Thomas Greg cuestionó la posición del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores de declarar desierto el proceso licitatorio para la adjudicación del contrato por considerar que ninguno de los proponentes cumplía con los requisitos exigidos.

Sin embargo, poco tiempo después, la Cancillería abrió otro proceso licitatorio en el que se aceptó la propuesta de la multinacional.

Por esta decisión, la Procuraduría inhabilitó en noviembre de 2024 por diez años para ejercer cargos públicos al excanciller Álvaro Leyva Durán.

En el fallo de primera instancia, la Sala Disciplinaria indicó que el exministro incurrió en una irregularidad al declarar desierta el proceso licitatorio para la entrega del contrato que tenía un valor cercano a los 600 mil millones de pesos.

La defensa del excanciller Leyva Durán radicó un recurso de apelación que deberá resolver el procurador General, Gregorio Eljach.

El exministro calificó esta decisión como un “acto político” que buscaba afectar a las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro.

Igualmente anunció la presentación de un recurso de nulidad por vulneración de derechos probatorios.

“Hoy la Procuraduría ha pretendido imponer los pliegos sastres en Colombia”, indicó en esa oportunidad Leyva. “Todas las pruebas fueron desconocidas groseramente en el fallo que hoy se notifica y que será apelado y ser necesario demandado o denunciado ante los jueces autónomos e independientes”.

Por los alcances de la decisión en su contra, Leyva Durán hizo un nuevo llamado para que se revisen las funciones de la Procuraduría General de sancionar disciplinariamente a funcionarios públicos.

“En este desolador panorama resulta inaplazable una revisión al ejercicio de la potestad disciplinaria. Es imprescindible que la Procuraduría retome su verdadero rol como guardián de la moral pública libre de interferencias políticas y actúe en beneficio de una Colombia más justa y trasparente”, indicó bastante molesto tras conocer el fallo de primera instancia.