Tomás Uribe dice que juicio contra Álvaro Uribe pone en riesgo la democracia y denuncia persecución política

El juicio penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de fraude procesal y soborno de testigos, llegó a su fase final tras más de siete años de proceso judicial. El 8 de julio de 2025 concluyeron los alegatos de las partes ante la jueza Sandra Liliana Heredia, en el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.

Uribe tuvo la oportunidad de dar sus últimas palabras, en las que pidió ser absuelto y defendió su inocencia, argumentando que nunca buscó manipular testigos, sino únicamente verificar información. Se espera que el próximo 28 de julio Heredia anuncie el sentido de la sentencia.

Mientras se llega a ese día, el exmandatario usó su cuenta de X para anunciar que a partir del domingo publicará unos videos sobre el juicio, al tiempo que su hijo Tomás Uribe Moreno usó la misma red social para defender a su padre y asegurar que “la mejor manera de lograr un juicio justo es que se debata el caso en foros académicos, en el trabajo, en la familia. Quien quiera contribuir puede hacerlo promoviendo webinars, debates y discusiones”.

El argumento de Tomás Uribe es que las pruebas a favor son contundentes y están todas en YouTube. “Está en juego la democracia”, sentenció, al tiempo que añadió un comunicado, que pide difundir, y que tituló estrategia para neutralizar a Uribe para las elecciones de 2026.

En el documento expone cuatro puntos para demostrar las presuntas fallas del proceso, El primero lo denomina “Lawfare contra Uribe: un arma política construida sobre pruebas contaminadas”

Lawfare es un término que combina las palabras en inglés law (ley) y warfare (guerra) y se traduce como “guerra jurídica”. Se refiere al uso del sistema legal y judicial de un país con fines políticos para inmovilizar, desacreditar o destituir a adversarios políticos mediante procesos legales.

Según el hijo del exmandatario, la naturaleza política del caso es evidente, pues la investigación inició cuando Uribe lideraba la oposición a Juan Manuel Santos, y el juicio comenzó como líder de la oposición a Gustavo Petro.

El segundo punto del comunicado habla de abuso de poder en una persecución política. “La acusación fue impulsada por dos políticos prominentes de los gobiernos Petro y Santos y arquitectos de la rendición de Santos a las Farc: Eduardo Montealegre, actual ministro de Justicia de Petro y exfiscal del gobierno Santos; y el senador Cepeda, educado en la Unión Soviética, jefe político de las Farc, senador del petrismo y figura clave de la rendición de Santos a las Farc y la legalización de facto del narcotráfico. Antes del juicio, dos fiscales solicitaron desestimar el caso hasta que un fiscal nombrado y promovido por Montealegre acusó a Uribe”, precisa.

Como tercer punto, Tomás Uribe dice que el juicio está basado en grabaciones manipuladas y testigos desacreditados, esto porque más de 60 testigos negaron conocer a su padre o haber recibido ofertas de sus abogados.

“El testigo clave, Juan Guillermo Monsalve, presentó una grabación de un reloj espía que fue editada, según confirmó un perito de la propia fiscalía. Su padre y hermano lo desmintieron bajo juramento. La supuesta orden de soborno atribuida a Uribe proviene de una interceptación telefónica ilegal realizada a Uribe durante el gobierno Santos, en plena campaña electoral de 2018, cuando Uribe era jefe de la oposición. Esa llamada ocurrió más de un mes después de la supuesta oferta de soborno, lo que hace imposible que él la hubiera ordenado”.

Finalmente, el hijo mayor del expresidente asegura que el juicio es una estrategia para neutralizar a Uribe de cara a las elecciones de 2026, esto teniendo en cuenta que “él es el único líder que puede unir a la oposición democrática. Petro y Santos buscan neutralizarlo judicialmente antes de 2026, conscientes de que su participación, especialmente como vicepresidente, sería clave para derrotarlos”.