Tensión máxima por elecciones atípicas y trasteo de votos en La Guajira. Esta es la grave denuncia

Después que en diciembre del año pasado el Consejo de Estado la anulara la elección a José Amiro Morón Núñez como alcalde del municipio de La Jagua del Pilar, en La Guajira, por doble militancia, ese municipio vive una tensión política que estallaría este fin de semana.

La caída de Morón, que se dio porque pese a que se había postulado por el Partido de La U, apoyó abierta y públicamente a un candidato al Concejo del partido Conservador, obligó a realizar elecciones atípicas, que si no pasa nada extraordinario deberán ser el próximo domingo.

A cinco días de la jornada, hay varias denuncias por el aparente trasteo de votos en la contienda donde están enfrentadas Ivón Manjarrez y Lina Tomasa Soto.

Las alertas citadas en la denuncia conocida por SEMANA enfatizan que, aunque en los registros de la Registraduría Nacional del Estado Civil hay actualmente 4.473 personas habilitadas para votar; otra cosa muy diferente es lo que dicen las cifras del DANE que apuntan a que en ese municipio viven 2.732 habitantes en edad de votar.

En la denuncia se advierte que en el registro de habilitados hay personas que viven, por poner un caso, en Valledupar, César. Es decir, a una distancia considerable y que no tendrían relación con el municipio.

“Aproximadamente 900 números relacionados como trashumantes históricos, puesto a que pese a que figuran en el censo electoral, no residen en el municipio donde ejercen su derecho al voto”, precisa la denuncia.

Además se advierte que una vez consultado el Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) se identificó que los abonados a las cédulas además están afiliados a su EPS en el departamento del Cesar y no donde ejercen su derecho al voto.

“Estas personas no son conocidas en el municipio (La Jagua del Pilar). Son en la ciudad de Valledupar y zona corregimetal donde verdaderamente residen y tienen su arraigo, además su núcleo familiar conformado”, se resalta en el documento que también fue enviado a la Procuraduría General para que evalúe acciones disciplinarias.

Finalmente, los denunciantes le piden a la Registraduría Nacional del Estado Civil realizar los respectivos cruces de las bases de datos para depurar el censo a solo cinco días de las elecciones atípicas en este municipio al sur de La Guajira y a la fuerza pública redoblar el pie de fuerza con 200 hombres entre Policía y Ejército para evitar desórdenes como los del 2023 cuando incendiaron una de las sedes de la Registraduría en esa población.

Fuentes consultadas por SEMANA señalaron que en la actualidad la Fiscalía General evalúa realizar una serie de acciones para frenar un posible fraude electoral.

Para esto, ya cuentan con el listado de cerca de mil personas que no podrían votar en estos atípicos comicios.

Lo cierto es que esta denuncia revive los fantasmas de lo ocurrido el 28 de octubre de 2023 cuando un grupo de manifestantes quemaron la sede de la Registraduría en el municipio de Gamarra, departamento de Cesar, para afectar los resultados de las elecciones regionales.

En la acción una registradora falleció y otros funcionarios resultaron gravemente heridos.