Nación
Senador Carlos Abraham Jiménez será acusado por supuestamente quedarse con el sueldo de integrante de su UTL
El congresista será investigado por los delitos de peculado y falsedad en documento público.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusará al senador Carlos Abraham Jiménez por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público.
Desde el alto tribunal confirmaron sobre la investigación: “Durante cuatro años una mujer figuró como empleada de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del congresista, pero nunca fue a trabajar y sus salarios fueron cobrados por terceros cercanos a Jiménez López”.
La decisión se dio tras un expediente de 152 páginas, al que SEMANA tuvo acceso, que expidió la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, con un arsenal de pruebas que demostrarían como se habría quedado con los salarios de miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) y, al parecer, hasta se apropió de la tarjeta débito de una de las funcionarias para manejarla a su antojo.
“Una vez la acusación quede en firme será enviada a la Sala Especial de Primera Instancia”, confirmó la Corte Suprema de Justicia en su nueva decisión.
El caso se presentó durante el periodo 2014 - 2018, cuando el ahora senador era representante a la Cámara, terminó salpicado en graves señalamientos que lo vincularon con la supuesta apropiación de los salarios de sus subalternos de la Unidad de Trabajo Legislativo, a cambio de beneficios laborales.
La denuncia que alertó esa delicada situación detalló: “Los empleados asignados a su UTL debían hacer entrega total de sus salarios mensuales, primas, prestaciones y demás beneficios obtenidos, y como contraprestación tendrían la cobertura y la cotización a salud y pensión”.
Uno de los casos que más ha llamado la atención es el de María Juliana Abadía, quien ingresó a la UTL de Abraham Jiménez con un salario básico de 6.160.000 pesos, “obedeciendo a un pacto criminal”, como señala la denuncia. La mujer habría sido obligada a entregar su tarjeta débito para que el entonces representante la manejara “a través de terceras personas todo el tiempo. ¡Mensualmente, le retiraban todo su pago!”, se lee en el documento.
Abadía habría sido una de las afectadas que le terminó entregando al congresista su sueldo, prestaciones, primas y demás beneficios a cambio de protección en salud, pensión y no asistir al trabajo.
El expediente advirtió que “nunca cumplió horario, ni funciones, nunca asistió a su puesto de trabajo, nunca ingresó diariamente, ni registró su huella, ni existe constancia alguna de su presencia en la oficina del representante o realizar algunas gestiones en Cali”.
