Nación

Se cumplen 19 días del secuestro de Arnold Alexander Rincón, director de Codechocó; corporaciones piden su liberación

Las CAR del país hicieron un plantón en todo el país para exigir el respeto por su vida.

16 de mayo de 2025, 3:05 a. m.
Arnold Alexander Rincón López, director de la Corporación para el Desarrollo del Chocó, fue secuestrado
Arnold Alexander Rincón López, director de la Corporación para el Desarrollo del Chocó, fue secuestrado el pasado 26 de abril. | Foto: @ArnoldRinconL/Getty Images

Este viernes, 16 de mayo, se cumplen 19 días del secuestro de Arnold Alexander Rincón López, director general de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó), sin que hasta el momento se conozca su paradero ni se haya establecido contacto con los responsables del crimen.

El flagelo, que ocurrió el pasado 26 de abril, generó una profunda preocupación entre autoridades, gremios ambientales y organismos de derechos humanos.

Ante esta grave situación, se llevó a cabo en Bogotá la Asamblea General de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Asocars).

Este evento contó con la presencia de delegados de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. El objetivo del encuentro fue impulsar acciones humanitarias y de presión institucional para lograr la liberación del directivo.

Durante la sesión, los representantes de la OEA —Mónica Arrieta, Andrés Harlin y Christian Rodríguez— expresaron su respaldo a la gestión humanitaria y reiteraron su disposición para continuar acompañando los esfuerzos por lograr el retorno seguro de Rincón López.

Asamblea General de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Asocars).
Asamblea General de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Asocars). | Foto: Suministrada a SEMANA

En el mismo sentido, el delegado de la Procuraduría, Nicolás Murgueitio, instó a los directores de las CAR a reportar de forma sistemática las situaciones de riesgo que enfrentan en sus regiones para fortalecer las medidas de protección institucional.

Por su parte, Juan David Bello, delegado de la Defensoría del Pueblo, presentó el conjunto de acciones adelantadas por la entidad para salvaguardar la vida y la salud del director de Codechocó, subrayando la importancia de mantener una respuesta coordinada del Estado frente a este tipo de violencias que afectan a quienes ejercen funciones públicas en zonas de alta vulnerabilidad.

En paralelo, funcionarios y contratistas de las CAR realizaron plantones en varias ciudades del país para exigir el respeto a la vida de Arnold Rincón y la pronta liberación.

Los directores de las corporaciones ambientales elevaron una voz unificada de rechazo al secuestro y agradecieron el acompañamiento de los organismos nacionales e internacionales que se han sumado a la causa.

“Más del 70 % de los funcionarios de las CAR cumplen funciones operativas y de autoridad ambiental en campo, por lo que su vida e integridad deben ser protegidas como una prioridad del Estado. Es imperativo que se activen los protocolos de seguridad establecidos por la Constitución y la ley, para que podamos seguir cumpliendo nuestra misión de proteger el ambiente con garantías”, enfatizó Olga Lucía Alfonso, directora de Cortolima y presidenta de la junta directiva de ASOCARS.

Asocars, además, reiteró su llamado al Gobierno nacional para atender la creciente ola de violencia e inseguridad que pone en riesgo a los funcionarios ambientales en distintos puntos del país.

Desde febrero de 2024, la asociación solicitó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que interceda ante otras entidades del Estado para garantizar el ejercicio pleno de la autoridad ambiental en territorios donde operan grupos armados ilegales, los cuales han restringido el acceso y las operaciones de las CAR.

Así mismo, se pidió a la Unidad Nacional de Protección, al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación que realicen un análisis urgente de los niveles de riesgo y diseñen esquemas de protección para los directores generales de las CAR, quienes desarrollan sus funciones en contextos marcados por la fragilidad institucional y el accionar de actores armados.

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