Se conoce expediente del congresista Carlos Carreño, investigado por quedarse con parte del salario de los miembros de su UTL

La Corte Suprema de Justicia avanza en la investigación al representante a la Cámara por el partido Comunes, Carlos Alberto Carreño, quien es acusado por presuntamente cobrarle a trabajadores de su UTL un porcentaje del salario.

El caso salió a la luz después de que se conocieran las graves denuncias de que presuntamente desde hace varios años el congresista habría montado un sistema en su Unidad de Trabajo Legislativo, para cobrarle a sus empleados.

Aunque el caso estuvo parado en el alto tribunal desde principios de septiembre del 2024, a finales del año pasado se destrabó, después de rechazar la recusación que el representante interpuso contra la magistrada Cristina Lombana, argumentando una “enemistad grave”.

Según el congresista del partido Comunes, la magistrada hizo parte de la justicia militar mientras él era cabecilla del Bloque Oriental de las Farc, donde era conocido con el alias de Sergio Marín.

En el expediente, revelado este domingo por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, se evidencian documentos y declaraciones reservadas ante la Corte Suprema de Justicia de antiguos colaboradores.

Entre las declaraciones llama la atención la de su propia asistente, Irene Amado, quien es sobrina de Griselda Lobo, conocida con el alias de Sandra Ramírez y quien es la viuda del difunto Tirofijo, fundador de las extintas Farc.

“Dígame quién no quiere dar la plata, porque aquí estos contratos son contratos de libre nombramiento y remoción. Yo los puedo sacar en el momento que sea“, relata la mujer, quien hoy se encuentra en el exilio en Estados Unidos, debido a las amenazas que recibió por estas denuncias.

Según la investigación, ella llevó una contabilidad paralela de los dineros que, presuntamente, se veían obligados a pagar los miembros del despacho. “Una orden directa de Carlos Alberto Carreño desde el inicio. Y él jamás llegó a decirnos: ‘Ustedes están de acuerdo en que...’, no, eso no fue así”, afirmó.

También aseguró que las personas que no aportaban a esa cuota que les exigía el representante Carreño “tenían diferencias con el representante” y “un llamado de atención”.

Según el medio de comunicación, una tabla entregada por la testigo a la Corte Suprema registra los pagos que, según ella, el congresista asignaba a cada integrante de la UTL.

Amado señaló que desde los asesores principales hasta los conductores debían cancelar la cuota impuesta por el congresista. Según la tabla, los asesores Nivel I, con un salario cercano a los 8 millones de pesos, habrían tenido que entregar 3.640.000 pesos, casi el 50 % de su sueldo.

Estos cobros se habrían extendido incluso a los conductores, que tienen un salario que ronda los 2.700.000 pesos y quienes debían sacar cerca de 200.000 pesos mensuales para aportarle al congresista.

Según la testigo, si los trabajadores se retrasaban con los pagos, igual tenían que aportar cifras considerables. En esta línea, la mujer expuso el caso de Diego Méndez, quien se llegó a retrasar 7 u 8 meses y tuvo que ponerse al día y compensar los pagos al mes siguiente.