Nación
Se aplaza definición de la situación jurídica de Iván Name y Andrés Calle en la Corte Suprema
Los expresidentes del Congreso son investigados por el escándalo de corrupción de los carrotanques en la UNGRD.
SEMANA conoció que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no definió durante la mañana de este martes 6 de mayo, la situación jurídica de los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, investigados por el escándalo de corrupción al interior de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Los seis magistrados que integran esa Sala estuvieron discutiendo durante varias horas qué hacer con los congresistas de la Alianza Verde y el Partido Liberal, quienes llevan ocho meses investigados en el despacho del magistrado Francisco Farfán, por el supuesto dinero que habrían recibido de la UNGRD a cambio de un supuesto apoyo a las iniciativas del Gobierno.
El abogado Billie Torres, defensa del representante a la Cámara Andrés Calle, presentó un recurso pidiéndole a la Corte Suprema de Justicia que no lo envié a la cárcel, mientras avanza el juicio en su contra por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación.
Los exdirectivos de la UNGRD Olmedo López y Sneyder Pinilla, revelaron que el entonces director del Dapre, Carlos Ramón González, les habría dado la orden de comprar a los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes para que apoyaran las reformas del gobierno Petro.
Las versiones indicarían que Pinilla viajó hasta Montería para entregarle 1.000 millones de pesos a Andrés Calle en su apartamento, mientras que Sandra Ortiz, entonces consejera para las regiones de Petro, le habría entregado 3.000 millones de pesos a Iván Name en Unicentro, en el norte de Bogotá.
Este miércoles 7 de mayo, la Sala de Instrucción citó a una nueva sesión extraordinaria que empezara a las 8:00 a.m. y la cual podría definir el futuro de los primeros congresistas que salieron salpicados en este escándalo que sacudió al gobierno de Gustavo Petro.
Los otros procesos
Ese alto tribunal también avanza en la investigación contra los cinco congresistas y un exrepresentante que eran parte de la Comisión de Crédito Público y que terminaron salpicados en tres millonarios contratos en Arauca, Bolívar y Córdoba, a cambio de que supuestamente apoyarán los empréstitos de la Nación en el Congreso.
En el despacho de la magistrada Cristina Lombana también se adelanta contra investigación contra los congresistas Julio Elías Changüí, de la U, y Martha Peralta, del Pacto Histórico, los últimos salpicados en este escándalo de talla mayor.
