Justicia
Sanitas acude a la Corte Constitucional: este es el recurso en el que advierten que el Gobierno Petro no ha devuelto la EPS
SEMANA conoció el documento que la compañía radicó ante el alto tribunal.
Pese a que han pasado casi dos meses del fallo que ordenó suspender la intervención que el gobierno del presidente Gustavo Petro realizó en la EPS, la Superintendencia de Salud nada que devuelve la entidad a sus dueños.
El incumplimiento de la decisión de la Corte Constitucional no tiene aún explicación. Y el Grupo Keralty la está pidiendo. La compañía radicó una solicitud a ese alto tribunal “en razón a que la Superintendencia Nacional de Salud no ha dado cumplimiento a lo ordenado por este alto tribunal, lo cual implica que aún persiste la violación de los derechos fundamentales objeto de amparo constitucional en la sentencia referida".
La sentencia de la Corte, SU-277 de 2025, en la cual concluyó que la Superintendencia vulneró el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes y de la EPS Sanitas es un hito en lo que ha sido ese largo tire y afloje entre el Gobierno Petro y las EPS.
Se trataba de un éxito agridulce para la EPS. “Después de 15 largos meses de arbitrariedades, persecuciones y silencios, se nos devuelve lo que nunca debió ser arrebatado. Debería ser un día de alegría por el restablecimiento de la justicia, pero para nosotros es un día de duelo”, advirtió el jurista Juan David Riveros, abogado de Keralty, la matriz dueña de Sanitas, cuando conoció el fallo.
En ese momento, Riveros dejó claro que la incertidumbre por la situación actual de la compañía era muy alta, pero que anticipaban —en todo caso— que recibirían una situación caótica. Para ese momento, era claro que las cifras estaban en rojo, mucho más que cuando el Gobierno tomó la decisión de tomar el control de la EPS.
Un estudio de Así Vamos en Salud reveló cómo la empresa en el primer trimestre del año pasado, antes de la intervención, contaba con un patrimonio positivo de 21 mil millones. Y en esa misma fecha, en 2025, tras un año al mando del interventor del Gobierno, su patrimonio negativo era de 1,1 billones.
Luego, un informe de la Contraloría, revelado en exclusiva por SEMANA, confirmó que las EPS intervenidas estaban pasando aceite. Sanitas, por ejemplo, aparece en ese informe como la segunda empresa que más les debe a los prestadores de salud. Alcanza 2,8 billones en ese frente, solo superado por la Nueva EPS, que adeuda 9,2 billones, y que también está intervenida por el Gobierno.
En la petición de cumplimiento, el grupo le recuerda a la Corte que la Sentencia SU-277 de 2025 fue notificada a las partes el pasado 23 de julio de 2025, y le informa que aún no se han acatado sus órdenes.
En el recurso se asegura que la Superintendencia se “encuentra obligada a revertir dicha medida y proceder, de manera inmediata y sin dilación alguna, a restituir el control y administración de EPS Sanitas a sus accionistas”.
Y advierten: “Cualquier tardanza o dilación en el cumplimiento de esta obligación puede dar lugar a la imposición de sanciones por desacato, toda vez que constituye una violación directa de lo ordenado por la Corte Constitucional y una transgresión al principio de supremacía constitucional”.
Al final, el abogado del grupo asegura: “A pesar de la claridad, perentoriedad y fuerza vinculante de la decisión adoptada por la Sala Plena en la SU-277 de 2025, la SNS la ha desconocido. A la fecha, no se ha recibido manifestación alguna por parte de la SNS o del Agente Especial Interventor orientada a restituir el control y administración EPS Sanitas”.
Y hace una petición: “Ordenar a la Superintendencia Nacional de Salud cumplir de manera inmediata e integral dicha providencia judicial, lo que implica la restitución inmediata del control y la administración de EPS Sanitas a sus accionistas”.
