Nación
Sandra Ortiz se cansó de no ser escuchada en la Fiscalía: pidió pista para declarar ante la Corte Suprema de Justicia sobre el saqueo en la UNGRD
La ex alta consejera para las Regiones radicó la carta ante el Alto Tribunal hoy, justo cuando se conoce que la Fiscalía le cerró la puerta a un principio de oportunidad, con el que iba a contar lo ocurrido en el escándalo.
Ha venido creciendo la tensión entre la ex alta consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, y la Fiscalía General de la Nación, en el marco de la intención de la exfuncionaria del gobierno del presidente Gustavo Petro de contar todo lo que sabe sobre el escándalo por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a cambio de beneficios judiciales.
La Fiscalía le cerró la puerta a un principio de oportunidad en el que estaría obligada a contar lo que sabe a cambio de los beneficios y, de inmediato, Ortiz tocó la puerta de la Corte Suprema de Justicia, donde el magistrado Francisco Farfán lleva la investigación contra el expresidente del Senado, Iván Name, y contra el expresidente de la Cámara, Andrés Calle, los primeros congresistas salpicados en este escándalo.
La carta, en poder de SEMANA, está dirigida justamente al magistrado Farfán y al presidente de la Sala de Instrucción, magistrado César Reyes.
La referencia de la carta señala: “Solicitud formal para ser escuchada en diligencia de declaración, asuntos relacionados con corrupción en la UNGRD”.
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Señala el documento de solo dos párrafos que “Sandra Liliana Ortiz Nova, actualmente recluida en la estación de Policía de Carabineros de la ciudad de Bogotá, me permito solicitar amablemente se fije fecha y hora para ser escuchada en diligencia de declaración dentro de las investigaciones que se adelantan por su despacho en casos relacionados con la corrupción en la UNGRD, en los cuales se investigan varios aforados”.
Los aforados que investiga el magistrado Farfán son justamente Iván Name y Andrés Calle, expresidentes de Senado y Cámara, quienes habrían sido favorecidos con la entrega de dinero de la compra de los 40 carrotanques para La Guajira, por más de 46.000 millones, con sobrecostos y direccionado, de donde habrían salido los 4.000 millones de la coima.
Pero Ortiz no se quedó con la espina del portazo que le dio la Fiscalía en su intento de colaboración y por eso señaló en la carta que “lo anterior en razón a que, como es de público conocimiento, estuve presta a colaborar con la justicia a través de la Fiscalía General de la Nación, autoridad que el día de hoy me ha cerrado las puertas”.
Ortiz, conocida como “la mensajera” en este entramado de corrupción por haber sido la supuesta encargada de entregar 3.000 millones en efectivo al entonces presidente del Congreso, en principio no aceptó su vinculación a este escándalo, pero se le fue cerrando el círculo y ahora está dispuesta a contarlo todo.
Aunque para la Fiscalía la información de Ortiz era “confusa, contradictoria y no sustentada en evidencias objetivas”, esto parece no ser así. SEMANA reveló en su pasada edición los chats que comprobarían un ingrediente adicional en este escándalo: los 3.000 millones de Name también habrían tenido como finalidad facilitar la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional.
Fernández era el secretario jurídico de la Presidencia de la República y, en su condición de magistrado, acaba de tomar una decisión muy polémica: suspendió la investigación administrativa que llevaba el Consejo Nacional Electoral (CNE), por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial.
Entre los detalles que ha contado Ortiz está que el dinero en efectivo para comprar la conciencia de Name fue entregado al hijo del senador y que a esta transacción fue acompañada del esmeraldero asesinado Pedro Aguilar.
