Sandra Ortiz le responde a la Fiscalía y dice que tiene “datos precisos y verificables” contra aforados. Uno de ellos es el magistrado Vladimir Fernández

Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones del presidente Gustavo Petro, procesada por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), le salió al paso al comunicado de la Fiscalía que intentó desestimar la información que ella prometió entregar y que comprometería al magistrado Vladimir Fernández, de la Corte Constitucional.

Ortiz advirtió que tiene “datos precisos y verificables” en contra de altos funcionarios del Gobierno nacional, de ahí la importancia de su declaración y de llegar a alguna negociación con la Fiscalía, que la tiene con una medida de aseguramiento, privada de la libertad.

“Esta defensa se permite señalar a la opinión pública que, en efecto, Sandra Ortiz ha tenido acercamientos, conversaciones e intercambio de información con la Fiscalía General de la Nación. Allí, se aportaron datos precisos y verificables, con una narrativa coherente y lógica que corroboran sus afirmaciones, con los que, inclusive, se podría iniciar investigaciones contra aforados”, señaló la defensa de Ortiz.

Al hablar de aforados, Ortiz se refiere a Fernández, quien, por ser magistrado de una alta corte, tiene fuero y su proceso estaría en manos de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Puntualmente, Ortiz le ha contado a la Fiscalía que los 3.000 millones de pesos que se le habrían entregado al entonces presidente del Senado, Iván Name, tenían una doble finalidad: por un lado, que él ayudara en el trámite de las reformas del Gobierno Petro, y, por el otro, que incluyera en el orden del día la elección de Fernández como magistrado de la Corte Constitucional, que se dio el 17 de octubre de 2023.

La Fiscalía advirtió que Ortiz efectivamente se encontraba en un proceso de negociación o acercamiento para un principio de oportunidad. Sin embargo, aclaró que la defensa y la propia exfuncionaria insistían en una inmunidad total, que fue rechazada de plano por las delegadas del ente acusador.

“En desarrollo de esta actividad, la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia ha sostenido acercamientos con la exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova, en aras de concretar una posible negociación judicial y obtener nuevos elementos materiales probatorios que permitan consolidar uno de los frentes investigativos”, señaló la Fiscalía.

El rechazo a la inmunidad total que solicitó la defensa de Sandra Ortiz nace de la calidad de información que está ofreciendo la exconsejera del presidente Gustavo Petro. En criterio de la Fiscalía, buena parte de los datos suministrados no tiene soporte probatorio y está sentado en supuestos que no se pueden corroborar.

“Ha solicitado inmunidad penal total a través de la celebración de un principio de oportunidad, pretensión que ha rechazado el equipo de fiscales… y por considerar que la colaboración que ofrece a la justicia se funda en información confusa, contradictoria y no sustentada en evidencias objetivas que corroboren sus afirmaciones, por esa misma razón no superaría la valoración y el control judicial”, señaló la Fiscalía.

No obstante, rápidamente, la defensa de Sandra Ortiz desestimó lo dicho por la Fiscalía y advirtió que su cliente sigue comprometida con colaborar a la justicia y develar la verdad de este escándalo, a pesar de los riesgos conocidos en materia de seguridad para ella y su familia. Insistió en el principio de oportunidad para brindar esa información.

Indicó que reitera “su completa disposición a ayudar con el esclarecimiento de hechos que están siendo investigados, a partir de la relevante y precisa información que ha aportado. Por lo que, una vez más, espera que se tome una decisión frente a su solicitud de principio de oportunidad”, señaló el abogado Oswaldo Medina Posada, defensor de la exfuncionaria.

Sandra Ortiz fue imputada por la Fiscalía por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público por los cuales, según el ente acusador, está próxima a ser acusada.