Salvatore Mancuso deberá demostrar que era la “bisagra” entre paramilitares y fuerza pública para ser aceptado en la JEP

El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso se presentará ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de manera virtual los próximos 10 y 11, 15 y 16 de mayo en Montería, Córdoba, para demostrar que actuó como “bisagra” entre los paramilitares y la fuerza pública durante el conflicto armado. La calidad de sus aportes determinará si puede ser sometido o no a la jurisdicción.

Durante cuatro días de Audiencia Única de Verdad, ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, Mancuso Gómez, quien se encuentra en un centro de reclusión en los Estados Unidos “deberá superar el umbral de verdad alcanzado en 18 años de investigaciones en Justicia y Paz, y en la justicia ordinaria. A partir de los aportes presentes, efectivos, suficientes y, además, novedosos que haga, se resolverá su situación jurídica en la Jurisdicción Especial para la Paz”.

Ante la magistratura y las víctimas, en calidad de oyentes, Mancuso Gómez debe aportar información verídica y constatable acerca de con quiénes se relacionó en los altos mandos de la fuerza pública y de otras entidades del Estado, que no hayan sido judicializados, para planear, ejecutar y ocultar los crímenes. Asimismo, se espera que detalle las alianzas que facilitaron el despliegue y las acciones de los grupos paramilitares en las zonas donde operaron.

Como punto de partida, en el proceso de contrastación judicial, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas se basó en un informe elaborado por el Grupo de Análisis de la Información (Grai) de la JEP, que reúne el contexto macrocriminal de las estructuras paramilitares que operaron en Córdoba bajo el mando de Mancuso, en ese departamento inició y se consolidó su rol como comandante paramilitar.

Córdoba constituye uno de los territorios claves para entender la lógica de incursión y expansión del fenómeno paramilitar, ya que los modus operandi, “prácticas, planes o políticas que fueron puestos en marcha se replicaron en otras regiones del país, como Norte de Santander, Sucre y Cesar”.

El Grai, para construir el informe, consultó 120 fuentes judiciales provenientes de Justicia y Paz, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y el Consejo de Estado, así como sentencias de la Jurisdicción Especial de Restitución de Tierras. También tuvo en cuenta cinco informes entregados a la JEP por entidades del Estado, el Informe Final de la Comisión de la Verdad, nueve informes de organizaciones de víctimas y la sociedad civil, y doce informes de prensa.

A partir del análisis del Grai, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP identificó el siguiente patrón criminal: apoyo a la conformación y expansión de grupos paramilitares, el cual está constituido por cuatro prácticas criminales que llevaron a la configuración de un aparato organizado de poder que facilitó la expansión y consolidación del control territorial de los paramilitares:

1. Las Convivir como fachada del accionar paramilitar

Las Convivir fueron presentadas como asociaciones con el objetivo de “brindar seguridad y prevenir y contrarrestar a los grupos criminales y las guerrillas”. Bajo esa premisa, “establecieron vínculos estrechos con miembros de la fuerza pública, incluyendo algunos altos mandos militares de la Brigada 11, como el general (r) Iván Ramírez Quintero y el coronel (r) Lino Sánchez Pardo”.

2. Operaciones conjuntas entre paramilitares y fuerza pública

“Las operaciones mixtas entre integrantes de la fuerza pública y los paramilitares generaron zozobra entre las comunidades y sembraron desconfianza en los miembros del Ejército y la Policía”. Además, fueron el “combustible” de la violencia y una “máquina de violaciones” de los derechos humanos cuya principal víctima fue la población civil.

3. Alianzas entre funcionarios, civiles, paramilitares y fuerza pública

Salvatore Mancuso lideraba en Córdoba una “estrategia de consolidación política y social que se tradujo en nexos con funcionarios públicos y civiles que en su mayoría poseían un capital político en la región”. Esa estrategia buscaba, de acuerdo con la JEP:

• Insertar paramilitares entre la población civil.
• Adquirir reconocimiento de estatus político.
• Reclutar nuevos integrantes en las filas paramilitares.

4. Filtración de información del DAS con fines contrainsurgentes

La cooptación y el control de entidades públicas les “permitía a los paramilitares no solo acceder a información privilegiada, sino perseguir a quienes consideraban un obstáculo en sus objetivos tanto militares como sociales, económicos y políticos”. Funcionarios del desaparecido DAS, que entonces estaba en cabeza de Jorge Noguera y José Miguel Narváez, “suministraron información de inteligencia que les permitió a los paramilitares afianzar su poder en entidades como la Universidad de Córdoba”.

Según el tribunal especial, este será el contenido que guiará el cuestionario que responderá el exjefe paramilitar a las magistradas y magistrados para puntualizar la “nueva información que podría aportar sobre la relación entre paramilitares e integrantes de la fuerza pública”.